La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre la crisis que afronta el país por cuenta de la violación sistemática a los Derechos Humanos de poblaciones vulnerables.
En la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, el procurador delegado para su defensa, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que, “a pesar de las advertencias y recomendaciones que ha hecho la Procuraduría durante el último año, la acción del Estado sigue siendo insuficiente, por lo que se evalúan acciones disciplinarias contra los funcionarios que han incumplido su deber de brindar protección a la población”.
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Las siguientes situaciones se han agravado entre 2022 y 2023, a pesar de los esfuerzos que adelanta el ministerio público (Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personerías).
- Asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos Esta situación se ha agravado de tal manera, que el mismo comisionado de Paz del Gobierno, Danilo Rueda, admitió recientemente que las acciones del Gobierno han sido insuficientes para enfrentarla. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, 215 líderes y lideresas sociales fueron asesinados en el país durante 2022 y en lo corrido de 2023 se han registrado otros 111 crímenes.
En 2022, la delegada para los Derechos Humanos realizó cuatro encuentros entre más de 160 representantes de líderes sociales, defensores de derechos humanos y 100 funcionarios de las entidades gubernamentales con competencias de prevención y protección para escucharlos y atender sus solicitudes en Catatumbo, Sur de Córdoba, Pacífico nariñense y Bajo cauca antioqueño.
- Población LGBITQ+. Contra esta población la amenaza se incrementa con fuerza por parte de los grupos armados ilegales. En 2022 según el observatorio de derechos humanos de Caribe Afirmativo se presentaron 5.501 hechos violentos (1.725 actos de discriminación y hostigamiento, 145 Feminicidios y 104 casos de Violencia Policial) y durante 2023 se reportan 46 homicidios.
La Procuraduría destaca que ha participado en cinco mesas para la resolución de casos urgentes, participado en una mesa de trabajo interinstitucional para la población LGBTIQ+ en Montes de María con participación de funcionarios del orden nacional y mandatarios locales, desde donde hizo llamados a la Unidad Nacional de Protección para la creación de una ruta especial a la Fuerza Pública sobre el trato y protección a esta población y al Gobierno nacional para que fortalezca sus rutas de atención.
- Personas privadas de la libertad. La situación de hacinamiento en los Centros de detención transitoria, ubicados en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata URI, continúa siendo crítica en todo el país, a pesar de que se han abierto algunos nuevos espacios para albergarlos. En 2022 había 22.398 PPL en salas de detención transitoria, lo que equivale a 228% de hacinamiento y 2.044 Policías apartados de sus laboras de vigilancia ciudadana para cuidarlos. A 2023, el hacinamiento ha bajado a 137%, pero el número de Policías subió a 2.414.
Esta inmensa sobrepoblación genera enfermedades crónicas y transmisibles, problemas de salud mental y nutricional por cuenta del suministro de alimentos en descomposición y preparaciones en mal estado de salubridad, además de la deshumanización en el trato y respeto por los Derechos Humanos de esta población.
- Migrantes. La migración irregular de cientos de miles de personas que llegan a Colombia desde diferentes países del mundo para cruzar la frontera hacia Panamá por el Tapón del Darién o desplazarse por el mar del archipiélago de San Andrés hasta Nicaragua, teniendo como destino final Estados Unidos, crece de manera exponencial Entre 2022 y 2023, al menos 380.539 migrantes cruzaron la frontera hacia Panamá, según registros de Migración Colombia. 20% de ellos eran menores de edad.
El equipo de la Defensa de los Derechos Humanos ha visitado en diferentes ocasiones estas regiones para conocer de primera mano la situación, encontrando que los migrantes son víctimas de todo tipo de agresiones como explotación laboral ilegal, violencia sexual, trabajos forzados, utilización para microtráfico de drogas y prostitución de mujeres y menores de edad, entre otras.
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