La Defensoría del Pueblo solicitará ante la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) medidas cautelares para la protección de excombatientes de las Farc, que actualmente hacen parte de los diálogos de paz con el Gobierno nacional. Lo anterior, ratificando la importancia de que todas las partes involucradas en el proceso de paz cumplan con lo pactado en los acuerdos.
“El Estado tiene la responsabilidad de cumplir con el Acuerdo Final de Paz, y es fundamental que todas las partes involucradas asumamos los compromisos pactados. Porque garantizar la vida y seguridad de los firmantes es la prioridad”, enfatizó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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Ante las denuncias sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones consignadas en el acuerdo relacionadas con la defensa de los firmantes de paz, el funcionario precisó:
“Vamos a trabajar en la construcción de elementos jurídicos para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que se inste al Estado a proteger a las personas que están en una situación grave y urgente de vulneración a su derecho a la vida, integridad y seguridad”.
Por su parte, el representante legal de la Asociación Nacional de Firmantes de Paz (Anfap), César Augusto Tamayo, hizo hincapié en la urgente necesidad de detener de inmediato los asesinatos, los atentados y las amenazas dirigidos contra los firmantes en todo el territorio colombiano.
A esta petición, Carlos Camargo respondió que se priorizará la vida e integridad de los actores que dejaron las armas para contribuir al proceso de paz con el Gobierno:
“A estos hombres y mujeres que vienen ejerciendo importantes liderazgos a nivel nacional, les decimos desde la Defensoría del Pueblo, que cuentan con todo nuestro apoyo y acompañamiento en la garantía de sus derechos”, subrayó el defensor del Pueblo.
Aunque la implementación no ha sido la misma en todos los puntos del acuerdo, Camargo Assis recalcó: “Lo más preponderante en este momento es la protección para quienes hacen parte de las organizaciones que firmaron el acuerdo y procedieron a desmovilizarse”.
Durante una reunión con integrantes de la Anfap celebrada en la sede nacional de la Defensoría, la entidad se comprometió a abrir espacios de concertación con el propósito de seguir atendiendo a lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, específicamente en lo pactado en materias de seguridad, movilidad y reparación.
Estos espacios de concertación se pondrán en marcha a través de la conformación de una mesa de diálogo que estará integrada por el Gobierno nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y los diferentes entes del Estado.
La Defensoría también solicitó protección internacional para servidores públicos y candidatos a las elecciones regionales de octubre
La solicitud hecha por el funcionario se da por la vulneración de derechos humanos que enfrentan no solo servidores públicos, sino las comunidades en las distintas regiones de la geografía nacional.
Según registros de la Defensoría del Pueblo, 35 servidores públicos y 42 candidatos han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados al margen de la ley en Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.
“Le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
El Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia (disidentes de las Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, entre otros, son los grupos armados que hacen presencia en 392 municipios de 24 departamentos.
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