“Los servicios de salud no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia”: Defensoría del Pueblo puso en la lupa la crisis que atraviesan tres EPS

Después de que se hiciera pública la crisis por la que atraviesan tres de las EPS más representativas del país, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que se deben buscar estrategias inmediatas para evitar que más de 13 millones de colombianos queden sin servicios de salud a partir del mes de enero, como mencionaron Sura, Sanitas y Compensar al Ministerio de Salud.

“Los servicios de salud no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia, no podemos poner en riesgo la integridad o la vida de los usuarios. Por eso convocamos nuevamente a representantes del Ministerio de Salud, gremios y EPS a la Defensoría para seguir en la búsqueda de soluciones a las dificultades que han manifestado algunas EPS”, indicó Camargo Assis.

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Además, desde la entidad señalaron que es de importancia que todos los involucrados participen de forma activa en los acuerdos, incluida la ciudadanía que desde ya empieza a sentir los efectos del servicio en clínicas y hospitales del país. “Y, lo más clave, lograr acuerdos en los que el ganador sea el usuario, sin posturas radicales que imposibiliten la protección de los derechos humanos, por eso decidimos retomar los diálogos ciudadanos con todo el sector, el pasado jueves 24″.

Entre los anuncios, el ente confirmó que citó a una reunión a miembros de la cartera, a los gremios y los directivos de las tres EPS que amenazaron con interrumpir sus servicios si no se tomaban medidas urgentes, con el propósito de buscar consensos para evitar que la salud pública se vea vulnerada.

Y es que la preocupación radica en que las tres EPS enviaron una carta al Ministerio de Salud informando de una grave crisis financiera que afectaría las operaciones de todo el sistema de salud, si no respondía a sus peticiones como el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), o el abono de las deudas que mantiene la cartera en salud con las entidades.

Sin embargo, el defensor señaló que digas peticiones, las obligaciones patrimoniales, las deudas o el flujo de recursos no son motivos suficientes para impedir la prestación del servicio a sus afiliados, argumentado que el derecho a la salud es irrevocable para cualquier colombiano. “Por eso nuestro llamado es a que sea establecido un diálogo cuyo único objetivo sea la salvaguarda del derecho fundamental a la salud. Nuestro deber es protegerlo y velar para que sea garantizado”, recalcó Camargo.

Desde la Defensoría del Pueblo también indicaron que se encuentran en la preparación de un documento defensorial sobre la ley de punto final, el flujo de recursos y la deuda en el sistema de salud, aunque han visto imposibilitado su culminación, ya que no han tenido un fácil acceso a la información ni a las metodologías implementadas en el modelo actual.

“La salud de los colombianos no es un juego, por ende, no podemos esperar a que se deteriore el sistema o que la situación esté más crítica, para adoptar acciones urgentes. Garantizar el derecho a la salud es garantizar la vida de las personas y es deber de todas las autoridades y los particulares que prestan servicios públicos”, subrayó Carlos Camargo Assis.

Entretanto, las posiciones de las EPS y el Ministerio parecen ir en vía contraria. Mientras las primeras afirman que el dinero proporcionado pro el Estado no es suficiente para sobrellevar el sistema de salud, además de argumentar que las viejas deudas por la pandemia del Covid 19 las tienen al borde de la quiebra, desde la cartera se ha informado que se han hecho los pagos pertinentes y que todo se trata de un modelo de salud que está basado en el negocio y no en la protección de los colombianos.