Con el objetivo de actualizar el Código Nacional de Tránsito, en el Senado de la República está radicado un proyecto de ley, listo para segundo debate, que busca crear nuevas medidas que garanticen que la movilidad no afecte el derecho a la vida de los ciudadanos. La medida es impulsada por Roy Barreras y ha recibido el apoyo de varios congresistas de diferentes colectividades.
A pesar de que el proyecto de ley busca actualizar las normas de movilidad, además de reducir las tasas de accidentalidad en el país, la medida ha recibido múltiples críticas debido a la gravedad de las penas a las que se verían sometidos quienes incumplan con el reglamento. Las consecuencias de cometer las infracciones se dieron a conocer en medio de la ponencia del senador del Pacto Histórico, Pedro Florez.
El congresista fue enfático en que el proyecto de ley implicaría que las personas que conduzcan su vehículo después de haberse tomado una cerveza podrían afrontar una pena privativa de la libertad. El Código Nacional de Tránsito contempla hoy en día que cometer ese tipo de infracciones llevaría a que el conductor se le aplique un comparendo, además de una sanción sobre su licencia de conducción y el traslado de su carro o moto a los patios.
La determinación ha generado polémica debido a que congresistas de otros movimientos políticos no ven viable imponer penas privativas de la libertad en un proyecto de ley sobre movilidad. A ello se le suma que el hecho de manejar sin licencia de conducción también podría significar una penalidad tras las rejas, según lo expresado por el senador del Pacto Histórico.
El congresista Florez indicó que bajo la medida quien sea sorprendido manejando sin el documento podría afrontar una pena de tres a seis meses de prisión, además de que deberá pagar una multa de trece a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La penalidad abarcaría la infracción de la Ley 769 de 2002, estipulada dentro del Código Nacional de Tránsito.
Actualmente, incurrir en una infracción de esa magnitud acarrea una multa económica, pero no estipula sanción penal de ningún tipo. Además, el proyecto de ley impulsaría la cárcel para quienes excedan los límites de velocidad, una de las prácticas que más contribuye a las altas tasas de accidentalidad en el territorio nacional.
A pesar de que la medida también busca incentivar unos lineamientos claros sobre el uso del cinturón de seguridad, así como el transporte de menores de edad en vehículos, las penalidades que ostenta han hecho que pierda respaldo político y podría no llegar a oficializarse. El segundo debate en torno a la iniciativa se desarrollará el martes 15 de agosto en el Senado de la República, fecha en la que se conocerá el futuro de la determinación impulsada por el Pacto Histórico.
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