Fue conocido finalmente el borrador del proyecto con el que el Gobierno de Gustavo Petro pretende sacar de la delincuencia a los jóvenes de las regiones con más problemáticas y conflictos en el territorio nacional.
Se trata de Jóvenes en paz, una propuesta que busca que las mujeres y hombres entre 14 y 28 años reciban un subsidio que les permita alejarse de la criminalidad.
Jóvenes en paz buscará que personas entre los rangos de edad indicados, en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad, de comunidades rurales, “sometidos a explotación sexual y vinculados o en riesgo a dinámicas de criminalidad”, accedan al subsidio de un millón de pesos que se planea entregar durante 12 meses.
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De acuerdo con el borrador del proyecto, para ubicar a los beneficiarios de la propuesta del Gobierno se “hará uso del Registro Social de Hogares, proporcionado por el Departamento Nacional de Planeación, que contendrá las bases de datos del orden nacional y territorial que se requieran, considerando los enfoques previstos en el Programa”.
Entre los requisitos está que los jóvenes no sean beneficiarios de otros programas de subsidios, como Jóvenes en Acción, Tránsito a Renta Ciudadana y Renta Ciudadana. De igual manera tampoco podrán formar parte quienes tengan sanción penal vigente que sea incompatible con los requisitos de participación, así como una orden de captura por parte de una autoridad judicial.
Respecto al dinero desde el documento se especificó que el depósito se realizará mediante consignaciones o transferencias en productos financieros que estén activados y avalados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las entidades bancarías deberán ser contratados y seleccionados por el departamento de Prosperidad Social.
De igual manera fue resaltado en el borrador que no se limitará exclusivamente a depositar el subsidio, desde Jóvenes en paz platean brindar una serie canales para acompañar a los integrantes del programa del Gobierno nacional.
Irregularidades en la campaña presidencial
Continúan las secuelas del escándalo en el que está involucrado el hijo del presidente Petro. Ahora, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ordenó investigar varios documentos sobre la campaña presidencial del actual mandatario. De igual manera solicitaron la información exógena (operaciones o transacciones con terceros, reportadas por la persona Jurídica o Persona Natural ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian) del exgerente de la campaña y ahora cabeza de Ecopetrol, Ricardo Roa.
También la firma colombiana de contadores públicos Nexia Montes y Asociados S.A.S. será inspeccionada el día 11 de agosto del 2023 a partir de las 9 de la mañana. De acuerdo con la resolución, la inspección ocular se realiza para tener información específica de los movimientos financieros de la campaña presidencial del Pacto Histórico en la primera y segunda vuelta.
El exgerente de la campaña presidencial y hoy presidente ejecutivo de Ecopetrol, Ricardo Roa no solamente deberá entregar ante la CNE la información exógena, sino además “copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquiriente de bienes y servicios, durante el periodo comprendido el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022″.
Una de las posibles irregularidades que se está investigando gira alrededor de la empresa Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad Ltda, con la que se pactó un servicio durante el mes de mayo del 2022 por 77 millones 318 mil pesos. De acuerdo con lo señalado en un artículo en El Tiempo, los auditores de Nexia encontraron que se habían sobrepasado los límites de la campaña, concretamente en 19 millones 396 mil pesos.
La irregularidad radicó ya que luego hubo un cambió en la factura ya que se redujo sustancialmente, precisamente los gastos de campaña se habrían acomodado a un 99.93 % del tope legal. Entonces Roa habría justificado el movimiento financiero argumentando que con la empresa de seguridad se habían cotizado 10 escoltas pero finalmente se redujeron a 5.
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