
Integrantes de la Policía española adelantaron una extensa investigación por trata de personas en el municipio de Alicante como resultado de una operación, diez personas resultaron acusadas por cometer delitos relacionados con la prostitución, ataque a la salud pública, blanqueo de capitales y facilitación de la inmigración irregular.
El proceso investigativo duró más de ocho meses, por la complejidad y la cantidad de personas que estaban implicadas en la estructura criminal, iniciando el proceso a mediados de noviembre del año pasado –2022–.
Las autoridades comenzaron el proceso cuando una de las víctimas logró escapar del domicilio en donde era explotada sexualmente, se comunicó al teléfono de atención gratuita para víctimas de trata o explotación sexual donde solicitó auxilio.
Luego de esta solicitud se activaron los protocolos de las autoridades y el interlocutor social contra la trata de seres humanos provincial fue trasladado desde Alicante hasta el municipio de Denia donde se encontraban las víctimas y se les brindó la ayuda y auxilio necesario.

Una deuda impagable
Según la información de los agentes, cuando las mujeres eran captadas en el territorio nacional eran trasladadas a España adquiriendo una deuda con la organización criminal de 5.000 euros para luego explotadas sexualmente. Los miembros de la organización les cobraban cantidades abusivas de dinero tanto por el alquiler como por la ropa y otras necesidades diarias que estas mujeres utilizaban para ejercer la prostitución.
Por la información recopilada se conoció que la organización anunciaba en diferentes páginas web de contacto los servicios sexuales que ofrecían para ser contratados, servicios que se ejercían en distintos pisos de varias localidades de la provincia de Alicante, siendo las mujeres explotadas sexualmente trasladas de unos pisos a otros periódicamente.
Los agentes a su vez comprobaron que los miembros de la organización capacitaban a las mujeres, las vigilaba mediante cámaras e intimidadas continuamente, dándose casos en los que eran obligadas a prestar servicios sexuales sin protecciones profilácticas, llegando el líder de la organización a ejercer la violencia sobre una de estas víctimas.

Roles en la estructura ilegal
Se mantenían unos roles específicos para cada tarea dentro de la organización criminal, se dividían las ‘tareas en la captación’, la contratación de los vuelos, el traslado, la vigilancia, los cobros, el arrendamiento de los pisos e incluso la contabilidad de la organización.
Cuando identificaron a los miembros y comprobaron cada una de sus asignaciones dentro de la organización, los agentes decidieron llevar a cabo la ejecución de la operación para desarticular esta red de trata de seres humanos y detener a sus miembros.
Los agentes registraron los domicilios en las localidades de Benidorm, Denia y Gata de Gorgos, en donde se liberaron a once víctimas de la organización criminal e incautaron más de 12.000 euros, 830 gramos de droga -marihuana-, varias cámaras de vigilancia y un vehículo de alta gama.
El proceso investigativo estuvo a cargo de agentes de las Unidades Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante y de la Comisaría de Denia. Cabe mencionar que los diez capturados tienen entre 18 y 65 años de edad, son de nacionalidad colombiana, argentina y española y fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Instrucción de guardia de la ciudad portuaria de Denia.

¿Dónde se pueden denunciar los casos de trata de personas en Colombia?
Colombia tiene una línea gratuita para denunciar cualquier caso de trata de personas. Al llamar pueden remitirlo (a) con las autoridades competentes para atacar el actuar criminal de los delincuentes. La línea a nivel nacional es 018000 52 20 20 y la línea internacional 57 +1 600 10 35.
Es importante que la información inicialmente se conozca y trate por el Grupo de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior o por el comité departamental y municipal de lucha contra este flagelo.
Las entidades deben remitir el caso a las autoridades encargadas: Policía Nacional, Fiscalía General, Defensoría e Icbf (en caso de que existan menores o adolescentes involucrados). Luego el caso debe seguir la ruta establecida por el Gobierno nacional para la atención mediata de las víctimas que incluye: programas para la asistencia médica y psicosocial, vinculación a empleo y seguridad para víctimas y testigos.
Si conoce casos en los que se sospeche de trata de personas con fines de trabajo forzoso, también puede denunciarlos desde el Ministerio del Trabajo, marcando 120 desde un celular o en la línea nacional 01 8000 522020.
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