Un año después de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que a través del alto comisionado para los derechos humanos brindará asesoría al Gobierno nacional en la implementación del volumen ‘Hallazgos y recomendaciones’ del extenso documento sobre el conflicto armado en Colombia y todas sus dinámicas.
Como segunda medida, la instancia internacional dio a conocer que designará a un delegado especial que determinará las trabas existentes en el país para implementar el Acuerdo Final de Paz con las antiguas Farc.
Estas determinaciones quedaron consignadas en una normativa establecida por el Consejo de Derechos Humanos en cabeza del Gustavo Gallón, embajador colombiano ante Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). En medio del simposio, planteó la posibilidad de tener un acompañamiento de este organismo para seguir el cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones del Informe Final y lo pactado en 2016 en La Habana.
Concretamente, el funcionario solicitó asistencia técnica por parte de la oficina en Colombia del alto comisionado para los derechos humanos, a cargo de Juliette de Rivero, para aumentar la capacidad de autoridades territoriales, regionales y nacionales a través de una inyección adicional de recursos para que el país avance en la implementación de las recomendaciones del informe.
La resolución también explicó que, de acuerdo con lo argumentando por Gallón, se debe tener en cuenta el enfoque étnico y de género y que el acompañamiento debe centrarse en cinco escenarios.
Además, el alto comisionado para los derechos humanos tendrá que apoyar la implementación de este tomo enfocado en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH), elaboración de una política pública centrada en construir una cultura de paz y la protección de líderes y lideresas sociales.
Esta normativa también exhortó tener un enfoque de derechos humanos en el sentido de impulsar una reforma al sector seguridad y la corrupción, mencionados por la Comisión de la Verdad como causas del conflicto armado y su continuidad en el tiempo.
Tema aparte, el documento también instó a Volker Turk, alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas debe delegar en el menor tiempo posible a una persona experta para la verificación de los principales problemas que impiden la plena implementación del Acuerdo Final firmado entre el Estado y las extintas Farc.
Dicho funcionario tendrá que iniciar funciones en agosto de 2023, contará con un presupuesto para sus labores y tendrá que entregar ante el Consejo de Derechos Humanos un informe de gestión a final de año. “Saludamos el liderazgo del embajador Gustavo Gallón y de su equipo en esta decisión y la confianza en la labor de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: Juliette De Rivero”, sostuvo Naciones Unidas ante la resolución firmada.
Justamente, la representante en Colombia ante esta instancia destacó esta determinación y mencionó que a través de esta se podrá “fortalecer el trabajo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos en toda Colombia”; así como reforzar las labores investigativas sobre afectaciones a los derechos humanos en el país y los casos de corrupción que generan tales violaciones.
La decisión también fue tomada dentro del informe presentado por más de 500 organizaciones sociales que alegaron un incumplimiento de Colombia a las recomendaciones hechas por la comunidad internacional y que incluso podría ser mal calificado en el Examen Periódico Universal (EPU) que evalúa la situación de derechos humanos con base en las recomendaciones derivadas del último examen en 2018.
El archivo, elaborado por organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, explicó que el país va ‘rajado’ con respecto a las recomendaciones sobre conflicto armado, derechos políticos y civiles, y la implementación del Acuerdo Final.
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