
Vivimos una terrible encrucijada. La perpetuación del gobierno Petro implica el regreso a años oscuros de la peor violencia guerrillera y mafiosa, la destrucción del tejido empresarial y el empleo, la ruptura de la precaria estabilidad fiscal y macroeconómica, la desinstitucionalización democrática en el estercolero perpetuo de la financiación ilegal de las campañas presidenciales, la perturbación aleve de la separación de poderes, la corrupción perpetuada en diferentes manos y el retroceso y el retraso, cruel y costoso, de los avances obtenidos por nuestro estado con esfuerzo. Ni hablar de la destrucción de conocimiento y el tiempo que seguirán perdiendo nuestros niños en su educación.
La agravación de todas las anteriores plagas son ya una certeza. Nadie duda que la obstinación de Petro supera razones. Deriva de su esencia y no de una conciencia racional. Es lo que es y lo seguirá siendo, sin miramientos al costo que implique hasta el fin de su mandato.
La encrucijada se materializa en la incapacidad de nuestras instituciones democráticas en proveer salidas al mal gobierno, la incuria que motiva la violencia y la corrupción rampante. El antidemócrata que nos gobierna lo hará, violando la ley y la constitución, propiciando la violencia y la toma de municipios por parte de los guerrilleros y mafiosos, amparado por el decoro y la solidez de la democracia que desprecia.

No es relevante en esta instancia la discusión de si la expansión de la violencia, propiciada por la paz total y la inhabilitación del Ministerio de Defensa, es intencional o no. Importa la certeza de que Colombia quedará sojuzgada por los violentos, como lo anuncian los planes de la guerrilla para copar incluso la capital de la República.
Petro no era el fin de la izquierda radical y violenta. Es un escalón. Una etapa.
Este escenario desastroso e inconmutable es responsabilidad de todos los colombianos, los que votaron por Petro y los que no. El estado que está bajo asedio es de todos nosotros, el fracaso de la política que lo gobierna es nuestra responsabilidad.
El hecho de que no nos gusten o nos satisfagan nuestras instituciones no las hacen menos nuestras. Nuestra patria, con sus defectos, no deja de ser nuestra; tal vez, incluso, por sus defectos la queremos más.
En la encrucijada, la única salida es la transformación de la política basada en el compromiso ciudadano amplio con la acción política. En este compromiso, debemos volver todos a la militancia, a la construcción de partidos, a la promoción de candidatos y a la aspiración para gobernar y transformar nuestros municipios y departamentos de cara a las cruciales elecciones territoriales de 2023.

¡Y está sucediendo! Lentamente los ciudadanos se involucran, marchan, se preocupan por su departamento, municipio y localidad. Antes incluso de iniciar la campaña formal, los colombianos intuyen la importancia de lo venidero y se debaten entre su escepticismo, su ignorancia de la acción política, el acomodo y el desánimo.
De otra parte, muchos en la prensa y entre los formadores de opinión, develan y denuncian las deficiencias, componendas y matices antidemocráticos del Gobierno. En lo institucional, las cortes y órganos de control operan en medio de sus limitaciones estructurales frenando los abusos de poder y anuncian investigaciones oportunas sobre la corrupción electoral.
Pero hay dos grandes sectores de la sociedad que se resisten al cambio y la transformación, no son los únicos, pero son cruciales para lograr la recuperación del país.
Uno es la clase política. Responsables de primera línea del desastroso balotaje de segunda vuelta en 2022 y del voto castigo expresado por la nación en las urnas, se mantienen en su obsesión de usufructuar el poder para reelegirse y sostener sus clientelas, cooptarlo estratégicamente para propiciar la corrupción y beneficiarse de ella y para seguir en la misma política que ha drenado la eficacia y eficiencia del estado, lo surte de malos servidores públicos indiferentes, ausentes, incompetentes y torcidos, lo drenan de recursos, bloquean sus mecanismos de control y venden sus decisiones y gabelas al mejor postor.

Los políticos tradicionales, como hemos visto a tantos en el congreso, se mantienen impenitentes respecto de sus malos hábitos. Buscan, afanosamente, en las debilidades del Gobierno oportunidades para acrecentar su poder. Frente a las elecciones territoriales por venir, cínicamente, siguen promoviendo las malas prácticas electorales, negándose a presentar candidatos idóneos y renovadores, repitiendo la aritmética del poder, la componenda y la repartición anticipada. Dispuestos a aliarse con el diablo y con el Pacto Histórico para retener o conquistar cuotas o parcelas del poder local.
Esta clase política, en su extremo oportunismo, en su ilimitada irracionalidad y codicia, termina hoy unida a la izquierda radical que, en su extremo ideológico, quiere destruir el sistema político y el estado que malamente ha alimentado a esta misma clase política irredenta. Aprovechan las alianzas con el gobierno marxista o convocan coaliciones contra él para seguir, en últimas, en lo mismo, ajenos e indiferentes al rechazo y hastío popular.
Otro sector que termina unido con el extremo marxista que gobierna es el gran capital. Conscientes de los costos que implica este gobierno y de su debilidad, se arriman a él para negociar acuerdos perversos que protejan sus intereses en el corto plazo, así tengan la certeza de que harán un terrible daño a la viabilidad futura del país en todos los planos. Imaginan que la noche pasará y que los problemas se pueden estirar sin confrontarlos suponiendo que al siguiente gobierno también lo atornillarán. Impenitentes, preservan sus rentas atadas y negocios, seguros que sus fortunas les permitirán caer de pie en cualquier escenario futuro.
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