La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió una circular en la que requiere al Estado colombiano para encaminar “acciones urgentes de alto nivel” que hagan frente a la problemática de minería ilegal que se presenta en el Amazonas.
El requerimiento del organismo de control surge en medio de la Cumbre Amazónica que se adelanta en Leticia, en donde se han reunido ministros y ministras de Ambiente, autoridades indígenas, científicos, investigadores, y gobiernos locales y regionales de los países que componen el Bioma Amazónico, que son Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela y Colombia.
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Desde el seis de julio se llevaron a cabo reuniones técnico-científicas en Leticia para establecer una hoja de ruta que permita salvar a la Amazonía. La Cumbre termina hoy, ocho de julio, con la presencia del presidente Gustavo Petro y el mandatario de Brasil, Lula da Silva.
En ese sentido, la Procuraduría alertó sobre la explotación ilícita de minerales en el territorio, que pondría en riesgo la garantía de los derechos de los pueblos indígenas que lo habitan, así como la preservación de las áreas protegidas. Por eso, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela fueron requeridos para dar manejo a la minería ilegal que se registra en zonas fronterizas y que generan impactos de tipo ambiental y sociocultural.
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Uno de los minerales que representan un grave peligro para los ecosistemas y las personas es el mercurio. Por eso, el organismo de control y vigilancia solicitó al Gobierno nacional que implemente de manera efectiva el Convenio de Minamata, que fue aprobado en Colombia mediante la Ley 1892 de 2018 y ratificado el 26 de agosto de 2019. Asimismo, solicitó la ejecución del Plan Único Nacional de Mercurio, formulado por diferentes ministerios en 2014 y actualizado en 2018.
La PGN pidió entonces que se efectúen monitoreos constantes de los niveles de contaminación por mercurio, tanto en las personas como en los ecosistemas. Además, incluyó la vigilancia a cuencas estratégicas para cuidar la riqueza biocultural de la Amazonía.
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Específicamente, el órgano de inspección solicitó que se hagan estudios toxicológicos, epidemiológicos y socioculturales que permitan dar cuenta de los impactos que tiene el mercurio en las comunidades y en sus territorios.
En ese sentido, las acciones que se tomen tienen que llevarse a cabo de la mano de todos los ministerios y de la Fuerza Pública. “[Las medidas deben impedir] la extracción ilícita de minerales, la circulación transnacional de grupos que desarrollan actividades de minería ilegal, así como de tráfico de sustancias tóxicas en el territorio amazónico”, señaló el organismo de control en un boletín informativo.
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De acuerdo con la Procuraduría, este último punto relacionado con el tráfico de sustancias tóxicas debe ser tratado con especial atención en el Parque Nacional Natural del Río Puré, que es uno de los territorios donde están asentados los pueblos indígenas en aislamiento. Esto, teniendo en cuenta que el ente de control pidió que los monitoreos toxicológicos se desarrollen en los sitios sagrados de la población indígena.
“El Estado deberá diseñar e implementar un plan de descontaminación, para la restauración del ecosistema en cuencas estratégicas de la Amazonía, priorizando las cuencas del Caquetá, Putumayo e Inírida; incluyendo un plan de desintoxicación con enfoque diferencial y biocultural de las comunidades locales y los pueblos indígenas amazónicos”, especificó la PGN.
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El Convenio de Minamata
Al menos 128 países del mundo han firmado el Convenio de Minamata y, para 2019, 113 lo habían ratificado, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente.
“El objetivo de este tratado global es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Incluye disposiciones en materia de información pública, educación ambiental, fomento de la participación y fortalecimiento de capacidades”, explica el Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal).
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El nombre del convenio se debe a la enfermedad de Minamata, que es un desorden neurotóxico causado por el consumo de productos que contengan metilmercurio, según explicó el Ministerio de Ambiente de Japón en el estudio “Enseñanzas de la Enfermedad de Minamata y el Manejo del Mercurio en Japón”, publicado en 2013.
“Sus síntomas principales incluyen trastornos sensoriales, ataxia, contracción concéntrica del campo visual, y desórdenes auditivos. Si una madre es expuesta a altos niveles de metilmercurio durante el embarazo, su bebé puede sufrir de la Enfermedad de Minamata fetal, y podrá mostrar síntomas diferentes a la versión adulta de la condición”, señala el estudio.
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