Zozobra en Buenaventura por el surgimiento de grupos residuales de “La Empresa”, una de las bandas más antiguas en el conflicto urbano

Tras conocerse los videos de hombres fuertemente armados recorriendo algunos barrios marginados de Buenaventura (Valle del Cauca), se habló de la aparición de nuevas estructuras locales aparte de las ya conocidas (Shottas y Espartanos) con las que el Gobierno nacional continúa en fases de acercamientos previos a la instalación de la mesa sociojurídica.

De acuerdo con expertos y analistas del conflicto en el distrito portuario, los sujetos que aparecieron en aquellos videos serían integrantes de Los Chiquillos, estructura emergente de La Empresa, una vieja conocida en las confrontaciones armadas, pero cuyo accionar se debilitó desde 2017.

Esta estructura fue creada en 2007 por disidentes de otras estructuras residuales de paramilitares como Los Rastrojos, que buscaron aliarse con otras estructuras (o crear una) tras fallidos enfrentamientos con Los Urabeños.

Con el primer objetivo de obtener el control territorial y de las rentas ilegales que salían por vía marítima, La Empresa se adueñó de las rutas terrestres y oceánicas, así como de las vacunas a comerciantes y distribuidores. Sin embargo, en 2017 nació La Local, que se dividió años después en Shottas y Espartanos.

Sumado a la aparición de Los Chiquillos, la Defensoría del Pueblo alertó sobre dos dinámicas adicionales del conflicto urbano en buena parte del distrito, especialmente en las comunas ubicadas antes de cruzar el puente El Piñal, que comunica con el centro y la zona portuaria.

“Buenaventura está en medio de tres grandes escenarios de riesgo por el accionar y la presencia de grupos armados ilegales y de estructuras del crimen organizado”, sostuvo el defensor Carlos Camargo. La permanente disputa en el Bajo Calima entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC o Clan del Golfo— hace que la zona rural del distrito esté bajo permanente amenaza para las comunidades étnicas que allí residen.

El tercer conflicto ocurre en zona donde permanecen los consejos comunitarios Mayorquín, Cajambre, Río Yurumanguí, Raposo y Anchicayá debido a combates entre el ELN y la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central, disidencia de las extintas Farc al mando de Iván Mordisco.

Para esta entidad, comunidades y resguardos indígenas la situación no es nueva, pero sí ha recrudecido en barrios marginados y en apartados rurales. Sumado a esta advertencia, la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno nacional para mitigar este conflicto, que no tiene como protagonista a la fuerza pública.

Al respecto, fue anunciado el despliegue de un equipo de funcionarios encargados de conocer la situación real de seguridad, así como otros reclamos de sus habitantes sobre inversión social para atender problemas estructurales, como falta de redes de saneamiento, agua potable y alcantarillado, empleo y educación.

“Es imperativo adoptar acciones inminentes frente a la situación de violencia que atraviesa el Distrito de Buenaventura, a partir de actuaciones concretas que impacten los factores generadores de riesgo y, a su vez, contemplar la generación de alternativas que permitan integrar las capacidades de diferentes instituciones”, reclamó el Ministerio Público.

A esto se sumaron las sugerencias de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y la directora del partido de la U, Dilian Francisco Toro, de militarizar el distrito y hasta declarar la emergencia social y económica, tal como lo hizo el presidente Gustavo Petro en La Guajira.

En medio de esta nueva fase de la crisis, la oficina del alto comisionado para la Paz no solo rechazó la creación de estructuras residuales, sino que anunció la instalación de la mesa sociojurídica como siguiente fase de los acercamientos con Shottas y Espartanos, con los que se negocia una salida negociada al conflicto urbano.

La entidad encabezada por Danilo Rueda dio a conocer que los acercamientos con Shottas y Espartanos generaron como resultado el avance hacia el inicio “en las próximas dos semanas” del espacio de conversación sociojurídica que contará con testigos nacionales e internacionales y veedurías civiles. Además, partirá de una base compuesta por compromisos públicos tanto de los actores armados como de los agentes gubernamentales.