El domingo 2 de julio, la Fiscalía General de la Nación imputó al exjefe de la Divisón de Recursos Humanos del Senado, Rubén Darío Iregui González, que habría avalado pagos a dos contratistas que hacían parte de la red de corrupción que conformó el excongresista Mario Alberto Castaño Pérez.
En el marco del desarrollo de la estrategia investigativa para judicializar a quienes habrían colaborado con la organización, una fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción imputó al exjefe de la División de Recursos Humanos del Senado de la República por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
De acuerdo con el ente investigativo, los elementos de prueba dan cuenta de que el objeto previsto no se cumplió, pero los contratistas recibieron sus pagos, previa autorización y aval de Castaño Pérez. Entre marzo y diciembre de 2021, el exfuncionario fue el supervisor de los contratos de prestación de servicios profesionales de Daniela Ospina y Juan Martínez, presuntos integrantes del entramado ilegal que direccionó la contratación en entidades de orden nacional y territorial.
El material de prueba asegura que cada contrato de prestación de servicios ascendió a 20 millones de pesos.
Finalmente, la Fiscalía señaló que el señor Iregui González, al parecer, envió varios correos electrónicos a la división financiera para que fueran desembolsados 40 millones de pesos en favor de los dos contratistas del exsenador Mario Castaño.
El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez será investigado como parte de la red de corrupción de Mario Castaño
El senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, del Centro Democrático, ha sido citado a indagatoria para dar explicaciones sobre sus presuntos vínculos con la organización criminal liderada por el excongresista liberal Mario Castaño, quien recientemente fue condenado a 15 años de prisión.
Ramírez Cortés será investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y cohecho propio, en calidad de autor. También, se le investiga por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en calidad de determinador.
La investigación, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, está relacionada directamente con su supuesta intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos para la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima. Se sospecha que recibió pagos ilícitos en dinero a cambio de estas actuaciones.
Estos hechos habrían ocurrido en colaboración con una organización corrupta. Específicamente, estos hallazgos se derivan de la investigación y proceso contra el excongresista liberal Mario Alberto Castaño, quien fue condenado por corrupción en procesos de contratación tras admitir su responsabilidad.
En la sentencia emitida el pasado 16 de junio, la Corte Suprema fue clara al señalar que Mario Castaño utilizó su poder y contactos para ejercer presión y beneficiarse con contratos en los ministerios de Cultura, Deportes y del Interior.
Los interesados debían comunicarse con él para obtener contratos directamente a través de los miembros de la “red criminal” que formó. Por cada contrato, se le debía enviar al senador un 10% del valor total.
Aunque el político no era muy conocido en el Congreso, se movía como pez en el agua en el ámbito de la contratación pública. Así lo describe detalladamente la sentencia de la Corte Suprema, que explica cómo llegó a los ministerios del Deporte, Cultura, Interior y Hacienda.
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