Exjuez fue condenado a cinco años de cárcel por darle casa por cárcel al cabecilla de una banda criminal

En Villavicencio, la Sala Penal del Tribunal Superior condenó al exjuez Raúl Hernán Ardila Baquero por el delito de prevaricato por acción agravado, por otorgarle detención domiciliaria a uno de los cabecillas de una peligrosa banda criminal que delinque en los Llanos Orientales.

Durante el juicio en atención a las pruebas reveladas, el exfuncionario fue condenado a cinco años de prisión y a pagar una multa equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Según con las investigaciones, Raúl Ardila el 5 de septiembre del 2013 le reconoció la condición de padre cabeza de familia y responsable de su hijo menor de edad a Édison Guillermo Velásquez, alias Farid, integrante de la estructura Libertadores de Vichada, pese a no cumplir con los requisitos de ley para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento.

El detenido debía responder por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Después de las indagaciones de los fiscales determinaron que este beneficio judicial fue otorgado de manera irregular al sujeto que fue capturado en situación con armas y munición.

Sin embargo, en un fallo de segunda instancia otro juez revoco ese pronunciamiento, el exfuncionario “procedió de manera caprichosa, y desconoció lo dispuesto en la normatividad penal y la prohibición que existe de otorgar subrogados a los procesados por delitos como concierto para delinquir y tráfico de armas”, afirmó la Fiscalía a través de un comunicado.

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación agregó que este exjuez permanece bajo detención y está a la espera por otra sentencia en su contra relacionada con hechos ilícitos.

Hay que tener en cuenta que, en febrero de 2022 la Fiscalía obtuvo abundante material de prueba para demostrar que el abogado William Alejandro Carmona Giraldo, entre 2013 y 2017, habría entregado dineros a distintos funcionarios judiciales para que tomaran decisiones en favor de alias Farid, excabecilla de una estructura paramilitar conocida como ‘Movimiento Autodefensas Libertadoras de los Llanos Orientales’.

Carmona Giraldo estaría involucrado en dos eventos distintos. Inicialmente, obtuvo la sustitución de una medida privativa de la libertad en centro carcelario por una restricción domiciliaria, con el argumento de que era padre cabeza de hogar. Esta determinación fue revocada en segunda instancia y alias Farid fue trasladado a un establecimiento carcelario de Bogotá.

Posteriormente, el abogado gestionó el traslado de su defendido a una cárcel de Soacha (Cundinamarca). Ante un juez de este municipio presentó una solicitud para que la detención preventiva la pudiera cumplir en Guaduas. Esta petición fue aceptada; sin embargo, en la remisión se incluyó la dirección de un hotel, así que alias Farid permaneció privado de la libertad fuera de un centro carcelario. Para evitar que los servidores del INPEC reportaran lo sucedido, presuntamente, se pagaron $900.000. Estas personas fueron vinculadas a un proceso penal.

Finalmente, hay elementos de prueba sobre la posible presentación de documentos falsos con los que se obtuvo una rebaja en la condena contra alias Farid. En ese sentido, Carmona Giraldo acudió, por intermedio de terceras personas, ante un juez de ejecución de penas y consiguió la libertad para su cliente. En esa decisión, el funcionario judicial omitió que el beneficiado tenía vigente una orden de captura por el delito de extorsión.

Por todas estas maniobras ilícitas, al parecer, fueron pagados $10′000.000. Ante estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al abogado los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer dádivas. Los cargos fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir media de aseguramiento en centro carcelario.