Salud mental en Colombia, un reto pendiente: piden convertir las nuevas leyes en atención efectiva tras el aumento de intentos de suicidio

La Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) hizo un llamado al Gobierno nacional, a las entidades territoriales, a las EPS, IPS, organismos de control y a la ciudadanía para que las recientes leyes y políticas públicas en materia de salud mental se conviertan en acciones concretas que garanticen una atención integral, continua y de calidad en todo el país.

La asociación sostuvo que la expedición de nuevas normas representa un avance, pero advirtió que el verdadero desafío es su implementación efectiva en beneficio de la población.

El pronunciamiento fue emitido en un contexto que, según la asociación, refleja la urgencia de fortalecer la respuesta institucional frente a la salud mental, pues durante 2024 el Instituto Nacional de Salud registró 38.770 casos de intento de suicidio notificados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública.

A ello se suma que el Ministerio de Salud y Protección Social informó, con corte preliminar al 30 de septiembre de 2025, un total de 2.066 muertes por suicidio, de las cuales el 79% correspondió a hombres y el 21% a mujeres.

La asociación señaló que estos datos representan historias de vida, familias y comunidades afectadas, por lo que consideró indispensable fortalecer las oportunidades de acompañamiento y atención.

Las leyes deben traducirse en resultados

En el comunicado, la ACSP recordó que Colombia dispone actualmente de un amplio marco jurídico que reconoce la salud mental como un asunto prioritario. Entre las normas mencionadas se encuentran la Ley 1616 de 2013, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, las leyes 2460 y 2518 de 2025, además del Decreto 729 de 2025, mediante el cual se adoptó la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, y la Resolución 347 de 2026, que estableció lineamientos nacionales para prevenir y atender la conducta suicida mediante el denominado “Código Dorado”.

Sin embargo, la asociación enfatizó que “la expedición de normas, por sí sola, no garantiza el derecho”, pues su efectividad depende de factores como la reglamentación oportuna, la asignación suficiente de recursos, la definición de responsabilidades, la articulación entre las instituciones, el fortalecimiento del talento humano y la existencia de mecanismos verificables de seguimiento y rendición de cuentas.

La ACSP también destacó que la Ley 2518 de 2025 incorporó obligaciones específicas para reducir las barreras de acceso a la atención en salud mental. Entre ellas mencionó la prohibición de trámites administrativos que retrasen la atención, la continuidad de los tratamientos, el fortalecimiento del modelo comunitario y la creación de espacios de participación ciudadana.

Estas disposiciones, indicó, deben ser conocidas y aplicadas por EPS, IPS, entidades territoriales y organismos de inspección, vigilancia y control.

La calidad de la atención, un componente esencial

Otro de los puntos centrales del comunicado se refiere a la calidad de los servicios. La asociación sostuvo que garantizar el acceso no es suficiente cuando la atención resulta tardía, fragmentada, deshumanizada o insegura, por lo que insistió en que la calidad debe medirse a partir de criterios como la oportunidad, continuidad, accesibilidad, pertinencia, seguridad, integralidad, respeto por la autonomía, confidencialidad y trato digno.

Asimismo, señaló que en salud mental estos principios implican escuchar a las personas, reconocer el papel de las familias y las comunidades, evitar intervenciones coercitivas innecesarias y asegurar que todas las decisiones clínicas respeten los derechos humanos.

La asociación también hizo referencia a los testimonios y quejas ciudadanas relacionados con demoras en la asignación de citas, dificultades para acceder directamente a servicios de psicología, permanencias prolongadas en urgencias mientras se gestiona la atención especializada, interrupciones en los tratamientos y condiciones institucionales que, en algunos casos, no garantizan privacidad, seguridad ni acompañamiento familiar.

Según el comunicado, estas situaciones deben ser investigadas por las autoridades competentes, con el propósito de identificar riesgos, corregir fallas y prevenir daños, sin que ello implique generalizar o estigmatizar a las instituciones o al personal de salud. Además, la ACSP pidió que los procesos de habilitación, auditoría, inspección y vigilancia sean periódicos, transparentes y enfocados en resultados concretos, evaluando tanto la experiencia de los usuarios como la suficiencia del talento humano y las condiciones de prestación de los servicios.

Llamado a las autoridades y a la ciudadanía

La Asociación Colombiana de Salud Pública reiteró que la implementación de la política de salud mental debe construirse con participación activa de quienes utilizan estos servicios, de sus familias, cuidadores, organizaciones sociales, comunidades académicas y asociaciones científicas. También indicó que la ciudadanía tiene un papel fundamental mediante el ejercicio del control social, la presentación de peticiones, quejas, reclamos y denuncias cuando existan barreras de acceso.

En ese sentido, la asociación formuló un llamado dirigido a distintas instituciones. Al Ministerio de Salud y a las secretarías de salud les solicitó publicar balances periódicos sobre la implementación de las nuevas leyes y de la Política Nacional de Salud Mental; a la Superintendencia Nacional de Salud le pidió intensificar la inspección y vigilancia sobre EPS e IPS; a estas entidades les solicitó eliminar barreras administrativas y garantizar atención continua, integral y oportuna; mientras que a las entidades territoriales les instó a fortalecer las redes comunitarias y adaptar las estrategias a las realidades de cada región.

También convocó al Congreso y a los organismos de control a realizar seguimiento permanente a la implementación del marco normativo y al uso de los recursos destinados a este propósito.

Finalmente, la ACSP reiteró que “la salud mental no es una debilidad individual ni un asunto privado que cada persona deba resolver en soledad”, sino una condición estrechamente relacionada con factores como las condiciones de vida, las violencias, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la discriminación y otros determinantes sociales. En consecuencia, insistió en que Colombia debe fortalecer la atención y facilitar los mecanismos que permitan garantizar el derecho a la salud mental de toda la población.