Dos presuntos asesinos de líderes sociales en Antioquia fueron judicializados

La Fiscalía General de la Nación anunció un nuevo golpe en contra de los asesinos de líderes sociales en el país. Una práctica que ha ido en constante aumento durante los últimos años en el territorio nacional, causando la preocupación de las autoridades y de la comunidad. Según anunció el ente acusador, después de que fiscales de la Unidad Especial de Investigación recolectaran las pruebas necesarias, dos personas que habrían cometido crímenes contra líderes sociales en municipios de Antioquia fueron judicializados y se les imputaron los respectivos cargos por parte de un juez de control de garantías.

Al primero de los sindicados, identificado como Juan David López García, se le impuso medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad en el asesinato de la defensora de derechos humanos María Elvira Gómez de Gil, en hechos que se registraron el abril del 2022, en la vereda La Magdalena del Peñón, cerca a Medellín.

El crimen de Gómez de Gil se generó por estrangulamiento luego de que tres hombres llegaran a su vivienda y la sometieran a estado de indefensión para hurtarle sus pertenencias dentro de la vivienda. La mujer de 62 años falleció pocos minutos después de haber sido agredida por los responsables.

López García, que habría sido uno de los criminales que ingresó a la vivienda de la líder social, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, y hurto calificado y agravado, y se encuentra a la espera de que las autoridades competentes le dicten sentencia mientras permanece recluido en un centro penitenciario.

De igual forma, la Fiscalía también presentó ante un juez de control de garantías a Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, identificado con el alias de Mamarrón, al estar presuntamente involucrado en el asesinato del líder comunal Francisco Javier Posada Posada, en hechos que se registraron el 8 de agosto de 2021 en Toledo, Antioquia.

Mamarrón, que era uno de los máximos cabecillas de la estructura disidente de las Farc autodenominada como Frente 5, habría ordenado a unos integrantes de la cuadrilla que encabezaba que atacaran al líder social cuando este se encontraba departiendo en un establecimiento comercial del municipio, cuando no había alta afluencia de personas.

Chavarría Morales, que permanece recluido en un centro carcelario respondiendo por otros crímenes que cometió en enero de 2022, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Francisco Javier Posada fue presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montobello en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Además, desde la Defensoría del Pueblo habían emitido una alerta sobre la situación de Toledo, en la cual se señalaba el escalamiento como consecuencia de la presencia, expansión y disputa entre nuevos y antiguos grupos que hacían presencia en la zona, que tienen acciones sobre narcotráfico y minería ilegal.

Según un informe publicado por la Fundación Paz y Reconciliación en mayo del 2023, el asesinato a líderes sociales no ha mermado desde 2022, abarcando parte del Gobierno encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, a pesar de la política de la ‘Paz Total’ que él mismo ha potenciado desde que asumió.

Según la fundación, el 2022 cerró como uno de los que más tuvo asesinatos a líderes sociales, y para sustentarlo presenta cifras del Observatorio para la defensa de la vida (Odevida) que muestran que en 2022 hubo 180 víctimas, mientras que el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz indicó que en lo corrido del 2023 han sido asesinadas 75 personas, estableciendo una cifra de 1.484 víctimas desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.