
Por lo menos cuatro testigos clave en casos judiciales de alto impacto a nivel nacional no han llegado a contar su versión de los hechos por haber muerto antes decir su verdad.
Todos ellos murieron en circunstancias polémicas y no lograron declarar en los procesos a los que estaban vinculados.
El más reciente fue el coronel Dávila, quien según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, se suicidó.
El coronel de la Policía Nacional, Óscar Dávila, con 42 años, murió el pasado 9 de junio de 2023, en su carro al parecer por un impacto de bala, que, según la investigación de la Fiscalía, se habría hecho él mismo.
Dentro del reporte del ente investigador se dijo que este se había disparado con el arma que su conductor dejó en la camioneta mientras este salía a comprar una gaseosa.
La versión entregada 12 días después de ocurrido el hecho, coincidió con la versión entregada previamente por el presidente Gustavo Petro y por el ministro de defensa, Iván Velásquez, quienes dieron esta versión pocas horas después de ocurrido este episodio.
El coronel Dávila envió una carta al fiscal Barbosa, tres días antes de su muerte, en la que manifestaba que colaboraría con su declaración en el caso que involucraba a “altos funcionarios de la Presidencia de la República”. Incluso, hizo un adelanto de 30 millones de pesos para que el abogado Miguel Ángel del Río ejerciera su defensa.
Con la declaración de Dávila se esperaba establecer si la orden de “chuzar” ilegalmente a las empleadas de Laura Sarabia se había dado desde presidencia. Otra duda que por ahora está en el aire es si esa interceptación ilegal se hizo luego del robo de un maletín con una suma considerable de dinero.

Otra versión que quedó sin conocerse fue la de Jorge Enrique Pizano y su versión de los hechos en el caso Odebrecht. Esta persona murió el 8 de noviembre de 2018 por un infarto mientras estaba en su finca en Subachoque.
La Fiscalía, en ese entonces liderada por Néstor Humberto Martínez, archivó la investigación por homicidio. Esta muerte escaló luego a tragedia familiar, cuando el hijo de Pizano, Alejandro, murió tres días después tras tomar de una botella con cianuro que encontró en el escritorio de su papá. Sobre esto el ente investigador concluyó que había sido una muerte accidental.
Jorge Enrique Pizano era el auditor del proyecto Ruta del Sol II, una obra adjudicada al consorcio constituido entre Odebrecht y Episol, una empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo, para un tramo de la autopista a la Costa. Según comprobó la justicia, el consorcio pagó sobornos a funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe para conseguir la obra.
Pizano comenzó a reportar irregularidades en los contratos desde 2013 relacionados con sobornos y continuó haciendo denuncias en 2015. Días después de su muerte se conocieron audios, revelados por Noticias Uno, en los que Pizano informaba al exfiscal Martínez sobre los supuestos sobornos.
Otro testigo clave fue Carlos Areiza, quien iba a declarar en la investigación que se llevaba por parapolítica y en la que estaba involucrado el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Esta persona fue asesinada por un sicario en un centro comercial de Bello. Sin embargo, Areiza, se había retractado de sus acusaciones a Ramos en 2015.
Carlos Areiza, quien era un exparamilitar, testificó ante la Corte Suprema de Justicia y en la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz contra políticos salpicados en casos de paramilitarismo en Antioquia. También estuvo vinculado a los procesos que involucraron a falsos testigos en los casos de Iván Cepeda y Álvaro Uribe.
Luego de su muerte el expresidente Álvaro Uribe trinó “Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto”.
Por último está Fernando Merchán Murillo, quien se desempeñaba hasta el día de su muerte como portero del edificio de Uribe Noguera, donde había sido secuestrada, abusada y asesinada la niña Yuliana Samboní.
El resultado de la necropsia realizada por Medicina Legal dice que Fernando Merchán se suicidó en el baño de su casa por pérdida de sangre y asfixia.
El director de Medicina Legal en ese momento, Carlos Eduardo Valdés, dijo que tras los análisis forenses no se pudo concluir que otra persona hubiera participado en la muerte de Valdés y que las heridas en su cuerpo se las habría causado él mismo.
La Fiscalía también advirtió que el celador fue quien abrió la puerta y activó el ascensor del garaje que utilizó Uribe Noguera.
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