La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió una alerta por la crítica situación que viven las personas migrantes y en condición de refugiados en Colombia. Pues, muchas de ellas son víctimas de explotación sexual, trata de personas y trabajos forzados.
De acuerdo con el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, gran parte de los migrantes que pasan por el país buscan llegar a Estados Unidos, sin embargo, algunos deciden permanecer en territorio colombiano para conseguir un estatus como refugiados. Su condición de vulnerabilidad es aprovechada por redes delincuenciales que los someten a toda clase de vejaciones.
Entre 400 y 1000 personas llegan diariamente a municipios del Urabá antioqueño y chocoano como Necoclí. Muchos se quedan en Colombia esperando gestionar su condición de refugiados.
Para afrontar la crisis migratoria y las violaciones a derechos humanos, el 30 de mayo se llevó a cabo una reunión entre entidades nacionales, gobernaciones, alcaldías de los departamentos del país con mayor flujo migratorio y se definieron acciones urgentes para atender de manera integral a estas personas.
“A pesar de algunas mejoras, la situación continúa siendo crítica, por lo que el Ministerio Público llama la atención sobre la urgencia de que las entidades responsables pongan en marcha las medidas acordadas para evitar procesos disciplinarios por incumplimiento”, señaló el organismo de control y vigilancia.
En esa medida, el delegado de la Procuraduría solicitó a la Cancillería que se avance en la implementación de la Política Integral Migratoria y que se fije una ruta para aplicarla a nivel territorial y nacional.
La lucha contra las redes de tráfico de migrantes en Colombia
A finales de mayo, Migración Colombia informó que en ese mes ya se habían llevado a cabo tres operativos exitosos en contra de organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes y a la trata de personas.
El último operativo identificó y desmanteló una red que promovía planes turísticos falsos hacia México a personas migrantes, que luego serían llevadas a Estados Unidos de manera ilegal. Ofrecían entonces tres opciones para llegar al destino:
- La organización se comprometía a dejar a los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos para que allí solicitaran asilo.
- Los delincuentes prometían darles las indicaciones necesarias para llegar hasta alguno de los pasos fronterizos ilegales que conectan con territorio estadounidense. Esto se haría por medio de videollamadas y mensajes de WhatsApp.
- Ofrecían a una persona que hacía las veces de guía, para supuestamente acompañarlos en el trayecto hasta un aeropuerto de Estados Unidos o hasta un hotel del territorio.
“Al llegar a México les cambiaban las condiciones, y en ocasiones, les sometían a vejámenes, atracos, secuestro, extorsión y violaciones, en el caso de las mujeres. Todas las pertenencias que los migrantes portaban, eran hurtadas y puestas a la venta en locales en la frontera mexicana. Cuando el migrante no lograba pasar a Estados Unidos y reclamaba, recibía amenazas de muerte por parte de la organización en Colombia y México”, detalló Migración Colombia.
Para lograr el desmantelamiento de la organización delincuencial, se desarrolló una investigación de un año y dos meses en la que se identificó la creación de 104 grupos de WhatsApp, que se componían de entre 100 a 250 integrantes cada uno.
“Así mismo, identificó las rutas por donde enviaban a los migrantes, entre las que se encontraron, tres que pasaban por Mexicali, Tijuana y Juárez, en México”, añadió Migración Colombia.
De acuerdo con la entidad, este operativo fue dirigido por la Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía de Bucaramanga y, además, se integró por el grupo Gitm de Policía Judicial de Migración Colombia, el CTI- Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y el Servicio de Seguridad Diplomático (DSS) de la Embajada de los Estados Unidos.
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