Por atentados en mina de Buriticá, la Procuraduría investigará a servidores públicos

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió indagación previa contra servidores públicos por presuntas omisiones cometidas al momento de garantizar la protección de los trabajadores de la empresa del régimen chinoZijin Continental Gold que explota la mayor mina del país.

El ente de control identificará a los funcionarios que pudieron haber cometido faltas disciplinarias, luego de que se presentaran supuestos atentados en la mina ubicada en Buriticá (Antioquia). El proyecto minero empezó en 2020 y es reconocido como uno de los “Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pine)”, según informó la empresa de régimen que responde a Xi Jinping y que tiene litigios en otros países.

De acuerdo al a minera, trabajadores de la empresa ya han sido víctimas de tres atentados en lo corrido de 2023. El primero ocurrió el 17 de mayo, cuando en uno de los túneles de la mina detonaron explosivos, los cuales dejaron dos empleados muertos y otras 14 personas heridas, dentro de las cuales se encontraban cuatro miembros de la Policía Nacional.

El segundo episodio ocurrió el 29 de mayo, en el cual un colaborador de la compañía resultó herido, luego de que recibiera un disparo. El tercer y más reciente atentado se registró el 30 de mayo, cuando dos de los vehículos de la Zijin fueron incendiados. De acuerdo con la empresa, se trató de un vehículo robojet alpha 30 y de un mixkret, que es un camión mixer de bajo perfil.

Debido a la situación de riesgo en la que se encuentran los empleados, la empresa emitió un comunicado oficial en el que solicita el apoyo del Gobierno nacional en materia de protección.

“Debemos reiterar el llamado enérgico al Gobierno Nacional de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para que tome acciones efectivas e inmediatas, con el fin de retomar el control territorial en Buriticá con presencia de la Fuerza Pública y demás instituciones, y así garantizar los derechos a los trabajadores de la compañía, las comunidades y de las mismas personas que adelantan actividades de extracción ilícita en la zona, quienes están expuestos a condiciones infrahumanas que también ponen en riesgo su propia integridad”, señaló la compañía.

Así las cosas, la Procuraduría informó que abrirá la indagación para determinar si hubo omisiones al momento de adoptar medidas de protección para la empresa, las cuales ya habían sido solicitadas en repetidas ocasiones al Gobierno nacional y a las respectivas autoridades locales, según el órgano de vigilancia.

Para ello, escuchará los testimonios que tengan para dar los directivos de la Zijin Continental Gold. Asimismo, solicitará un informe detallado sobre las medidas que se tomaron para proteger a los empleados de la compañía. Dicho documento deberá ser entregado por la Gobernación de Antioquia, por la Alcaldía Municipal de Buriticá, por las Fuerzas Militares y por otras autoridades que establecerá el organismo de control.

Presencia del Clan del Golfo en la zona

En la carta enviada al mandatario, la Zijin Continental Gold informó sobre la situación de minería ilegal ejercida por el Clan del Golfo en el territorio. La compañía aseguró el panorama pone en riesgo la integridad y la vida de sus empleados, de miembros de la Fuerza Pública, de las comunidades y de quienes ejercen tareas de extracción ilegal.

“Encontramos que la situación ha desbordado la capacidad de la Fuerza Pública local, que no ha logrado contener el avance de la actividad de minería ilegal que afecta al municipio, y, por el contrario, ha visto cómo se incremente el actuar ilegal con el pasar del tiempo”, explicó la compañía en la misiva.

La Zijin enfatizó entonces que el aumento de dichas actividades delictivas ya han invadido el 50% de las labores de la empresa, pues se han incrementado el número de mineros en el proyecto, los cuales no están autorizados para trabajar allí. “Se calcula que este número ha pasado de 400 a 700 en los túneles Yaraguá, Rampa Sur e Higabra”, señaló la empresa.

Además, dio a conocer el número de eventos violentos de los que han sido víctimas los empleados de la compañía en 2020 y 2022. Los datos incluyen detonaciones ilegales, explosivos improvisados y disparos en contra del personal o de la Fuerza Pública.