Cada día son más las personas y empresas que quieren contratar un sistema de seguridad y vigilancia privada. Las cifras de inseguridad no son nada alentadoras en el país, ya que en las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali los hurtos a residencias se han incrementado respecto al año anterior.
En el caso de la Capital del país, entre enero y febrero de 2023 se reportaron 1.367 casos de robo en domicilios, un aumento del 36,7 % en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando se registraron 1.000 eventos; en la ciudad de la eterna primavera, entre enero y marzo de 2023 se han presenciado 331 casos, una variación del 17.8% si le compara con el mismo trimestre del año anterior, donde se reportaron 281 sucesos; en Cali, por su parte, durante los primeros tres meses del año se identificaron 357 hurtos a domicilios, lo que representa un aumento del 17 % respecto al mismo periodo del año anterior, que registró 305.
Sin embargo, ante la creciente demanda de personal de seguridad, llegan las estafas y los engaños de empresas que, a pesar de no contar con los permisos requeridos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, crean razones sociales ficticias y ofrecen sus servicios de forma irregular, atrayendo la atención de la ciudadanía con precios menores a los estipulados por las normas colombianas.
Según la Supervigilancia, en el país se tienen identificadas 27 empresas que estarían operando de forma irregular, ubicadas en Bogotá, Cali y Santander. Además, la entidad lanza una alerta sobre la posible presencia de grupos ilegales que estarían utilizando empresas ficticias de seguridad y vigilancia privada para cometer hechos de hurto. Incluso, dichas compañías fachadas estarían usando armas no autorizadas y, en otros casos, cometiendo delitos de lavado de activos.
Según el superintendente de vigilancia, Alfonso Manzur, en entrevista con El Tiempo, “contratar estos servicios no solo pone en riesgo la seguridad sino que, además, precariza las condiciones laborales de los celadores, porque cada reducción que se hace en los valores del servicio se traducen en reducciones del salario del personal que gana en promedio 1,5 salarios mínimos”
Y es que para garantizar los derechos del personal de seguridad, el Ministerio de Defensa, a través del decreto 4950 del 2007, estandarizó los cobros que pueden hacer las empresas de seguridad privada a personas naturales y comercios. Según la norma, todas las prestadoras de servicios de seguridad y vigilancia privada del país deberán cobrar una tarifa base de 8,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, aunque desde junio de 2023 el precio incrementará un salario más, como consecuencia del aumento anual que se autorizó para el sector, que llega al 20%. “Si le cobran muy barato lo están engañando y si le cobran de más, entonces es una estafa” afirmó Manzur al medio nacional.
En cuanto a los riesgos de contratar una prestadora no autorizada por la Superintendencia de Vigilancia, el funcionario advierte que, de llegarse a presentar un hecho de delincuencia o alguna clase de irregularidad en el servicio, no podrán reclamar ante el ente de control, ya que no se encuentran inscritas ni reguladas bajo los parámetros nacionales.
Entretanto, los ciudadanos, empresas y comercios que decidan convenir con estas empresas irregulares podrían ser sancionadas con multas que oscilan entre 20 y 40 SMMLV, es decir, entre $23.200.000 y $46.400.000, sin contar con los riesgos personales y familiares que corren al entregarle su seguridad a un desconocido que no está capacitado y cuyos antecedentes judiciales no hayan sido consultados.
Por tal motivo, Alfonso Manzur hizo una recomendación: “Lo primero que deben tener en cuenta es que la Superintendencia tiene una lista de empresas autorizadas publicada en su página web, ingresando por la pestaña de Departamentos de Seguridad. Allí se puede verificar con quién está contratando. Hay que denunciar ante la entidad si el cliente siente que hay algo fuera de la ley”.
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