Una red de corrupción conformada por funcionarios judiciales de Antioquia fue desmantelada según información revelada por la Fiscalía General de la Nación.
Jueces, inspectores y otros trabajadores de entidades judiciales fueron detenidos por su presunta participación en hechos de corrupción.
Los involucrados fueron identificados como el exjuez Primero Civil del Circuito de Bello (Antioquia), Jairo de Jesús Giraldo Naranjo; el oficial mayor de ese despacho, Víctor Hugo Arbeláez Gómez; el empleado de servicios judiciales, Luis Bernardo Navales Rodríguez, y el inspector de policía Juan Sebastián Montoya Cardona.
De acuerdo con la Fiscalía, la red de corrupción conformada por funcionarios judiciales en Antioquia se dedicaba a fallar acciones de tutela a favor a cambio de dinero.
Los detenidos son acusados por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, falsedad ideológica y material en documento público. Las capturas de los señalados se ejecutar por separado en distintas diligencias adelantadas por la Policía Nacional.
Tras escuchar los argumentos del ente acusador y avalar el material probatorio aportado, un juez de control de garantías de Medellín, Antioquia, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del exjuez, los dos empleados judiciales y el inspector de policía, involucrados en los hechos de corrupción.
Así operaba la red de corrupción conformada por funcionarios judiciales
Según las investigaciones adelantadas por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, la estructura delincuencial fue creada desde el 2020.
Desde ese año y hasta el 2022, de acuerdo con los datos que aportó la Fiscalía General de la Nación, la red de corrupción se dedicó a recibir dineros de manera irregular por interferir en decisiones judiciales importantes.
Las investigaciones arrojaron que entre 2020 y 2022, los procesados habrían conformado una red delincuencial para elaborar, direccionar y fallar favorablemente acciones de tutela, específicamente.
De esas artimañas se valían tanto personas naturales como jurídicas, que se contactaban con los funcionarios para solicitar que intervinieran en decisiones para evadir la justicia o ponerla a su favor.
En uno de los casos mencionados por el ente acusador, los servidores públicos, al parecer, recibieron dos millones de pesos de una empresa de publicidad que fue beneficiada con un fallo de manera irregular.
Lo establecido por la Fiscalía indica que la empresa les pagó a los funcionarios para que fallara a su favor, tras una solicitud para que se desmontarán unas vallas que estaban ubicadas en lugares prohibidos.
Las labores de policía judicial adelantadas por servidores de la Dijín de la Policía Nacional permitieron establecer que las tutelas, al parecer, eran elaboradas por el inspector de policía Juan Sebastián Montoya Cardona.
Posteriormente eran direccionadas por los empleados judiciales Víctor Hugo Arbeláez Gómez y Luis Bernardo Navales Rodríguez, para que se asignaran al despacho del entonces juez Giraldo Naranjo.
Por último, el exjuez era el encargado de resolverlas a favor de las personas o empresas que les pagaban, aun cuando no tenía la competencia legal para hacerlo. Como ese, serían varios los casos en los que se fallaron tutelas a favor por millonarias sumas de dinero.
De acuerdo con la información que entregó recientemente la Fiscalía General de la Nación, ninguno de los cuatro procesados se allanó a los cargos imputados por el ente acusador, es decir, no aceptaron su responsabilidad en los casos de corrupción que fueron revelados y respaldados con pruebas ante el juez de control de garantías.
Es de resaltar que, aunque el juez del caso impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los cuatro señalados, los defensores de Víctor Hugo Arbeláez Gómez y Luis Bernardo Navales Rodríguez apelaron la medida privativa de la libertad.
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