Por qué sigue varado el proyecto de construcción de la Cárcel Distrital II en Bogotá

En abril de 2021, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec y la USPEC firmaron el Convenio 1127 para la construcción de la Cárcel Distrital II.

En un comunicado expedido este 24 de mayo, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, expuso que el Gobierno nacional no ha cumplido con la parte del convenio firmado, y que para adelantar estas obras, el único compromiso que tiene es la entrega de una parte de los predios de la Cárcel La Picota, lo que hasta el momento no se ha hecho.

Óscar Gómez, secretario de Seguridad de la Capital, dijo que no es cierto que desde el distrito se le haya solicitado al Gobierno nacional la financiación para la construcción de la Cárcel Distrital II, pues en el convenio están claramente establecidos los compromisos de parte y parte, y por eso, “esta administración tiene previstos los recursos para la construcción del penal que contará con una capacidad de 3.000 cupos”, aseguró.

Para la Alcaldía de Bogotá, las excusas del gobierno “no han permitido que el proyecto avance y año tras año han aplazado este compromiso que tiene con los bogotanos, mientras el hacinamiento y la impunidad siguen creciendo”, según indicó en su momento Claudia López.

Además, la mandataria criticó duramente a algunas instituciones del Estado y las acusó de engañar a la Corte Constitucional en su orden de desocupar las cárceles para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios:

“Quiero pedirle al Gobierno que cese el tratamiento desleal que hay contra alcaldes y gobernadores, deliberadamente desde el Ministerio de Justicia, desde el Gobierno nacional anterior, y sigue siendo la política en este, para engañar a la Corte Constitucional, que los obliga a bajar el hacinamiento en cárceles nacionales, lo que ha hecho el Ministerio es hacinar deliberadamente las URI y las estaciones de policía”.

A estas declaraciones, el Ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Osuna, dijo, en declaraciones recogidas por Caracol Radio, que no ha recibido por parte del alto tribunal ninguna consulta relacionada con las cárceles de Bogotá, y añadió que sigue adelante con el proyecto para modificar la política penal y penitenciaria.

“Uno no cumple sus obligaciones simplemente diciendo que el otro lo ha incumplido (...) Son inaceptables las acusaciones que me hace la alcaldesa. Jamás hemos engañado a la Corte Constitucional, jamás hemos hecho trampa, esas palabras fuertes, sonoras y estridentes no corresponden con ninguna realidad”, afirmó Osuna.

A esto también respondió el secretario de Seguridad reafirmando que el Gobierno ha puesto excusas desde 2021 para entregar el predio que prometió para construcción de la Cárcel Distrital II.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, en 2019 Bogotá contaba con alrededor de 1.300 personas privadas de la libertad.

Sin embargo, este panorama se agravó posterior a la decisión del gobierno de cerrar las cárceles a raíz de la emergencia sanitaria por covid-19. Desde ese momento, el hacinamiento en estaciones de Policía y URI se incrementó en un 200%, mientras que en las cárceles nacionales se disminuyó en un 50%, según la institución.

También mencionó que se habilitaron más de 1.600 cupos para personas privadas de la libertad, en los años 2021 y 2022. También se puso en funcionamiento el Centro Especial de Reclusión en tiempo récord, con una inversión de 17.000 millones de pesos.

Datos del Ministerio de Justicia señalan que las cárceles tienen un hacinamiento del 20%, mientras que el promedio nacional de los recintos de la Policía ronda el 150 por ciento. Además, se agregan problemas como la limitada preparación que tienen los policías para manejarlos.