
El hacinamiento carcelario tiene en aprietos tanto a los miembros del gobierno como a los alcaldes que deben responder a los llamados de la Corte Constitucional para resolver la situación. Claudia López señaló acusó al Ministerio de Justicia de no cumplir con acciones de descongestión e, incluso, de hacerle trampa a la responsabilidad y engañar al alto tribunal, lo que provocó la reacción de Néstor Osuna.
“Son inaceptables las acusaciones que me hace la alcaldesa. Jamás hemos engañado a la Corte Constitucional, jamás hemos hecho trampa, esas palabras fuertes, sonoras y estridentes no se corresponden con ninguna realidad”, afirmó el jefe de la cartera de Justicia en Caracol Radio.
La Procuraduría General de la Nación abrió a finales de abril una investigación contra López y el secretario de Gobierno Felipe Ángel, por presuntamente omitir sus obligaciones relacionadas con los centros de detención preventiva. La decisión se tomó luego de una visita de la Personería con magistrados de la Corte Constitucional a la URI de Puente Aranda y estaciones de la Candelaria, en los que encontraron hasta 16 personas durmiendo en shut de basura.
Osuna señaló que es el resultado de esa visita lo que “debe tener muy preocupada a la alcaldesa”, sostuvo. Explicó que la responsabilidad del hacinamiento no es únicamente del Gobierno nacional, que tiene a su cargo a las personas condenadas en las cárceles, sino también de los municipios que deben responder por los detenidos que no han sido condenados.

“Uno no cumple sus obligaciones simplemente diciendo que el otro lo ha incumplido, sino cumpliendo lo que le corresponde”, afirmó Osuna en la emisora citada. “Si las personas que dirigen la política en Bogotá son amigas del encarcelamiento, pues eso trae como consecuencia construir cárceles, si no es un discurso completamente incoherente”, afirmó.
La alcaldesa López, durante la presentación de un comando élite de la Policía, había dicho que se debían construir más cárceles como la distrital y no como la Modelo y La Picota que tienen hacinamiento. “Quiero pedirle al Gobierno que cese el tratamiento desleal que hay contra alcaldes y gobernadores, deliberadamente desde el Ministerio de Justicia, desde el Gobierno Nacional anterior, y sigue siendo la política en este, para engañar a la Corte Constitucional, que los obliga a bajar el hacinamiento en cárceles nacionales, lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es hacinar deliberadamente las URIs y las estaciones de policía”, señaló.
“Es obligación del gobierno nacional recibir a los presos. A la Corte Constitucional, apreciados magistrados, los están engañando desde el Gobierno nacional, les muestran cifras fabricadas de deshacinamiento en las cárceles nacionales, pero no les muestran cifras en las que se niegan a recibir los presos condenados que están en las estaciones de policía y en las URIs, eso es trampa, manipulación, decir que están cumpliendo una sentencia de la Corte a costa de no recibir presos. Tan fácil”, dijo López.
Osuna señaló que no es cierto lo dicho por la alcaldesa porque el alto tribunal no les ha remitido ninguna consulta respecto a las cárceles de Bogotá. Además, sostuvo que desde la llegada del gobierno han recibido 2.059 personas sindicadas en cárceles nacionales y que solo una de cada siete personas detenidas preventivamente se encuentra a cargo del Distrito.
“Hay una colaboración entre el Inpec, que recibe sindicados entre los que están en la Modelo, Buen Pastor, La Picota, que tendrían que estar en cárceles de Bogotá. Somos conscientes que eso no va a ser suficiente, hay que hacer más, modificar la política penal y penitenciaria”, sostuvo a Caracol Radio. Dijo que adelantan esa política, pero además resaltó que la capital tiene recursos para construir cárceles, por lo que la prioridad no es la ciudad, sino los municipios que no cuentan con esa posibilidad.
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