Se gastaron $7.000 millones para construir una torre de control que no funciona en el aeropuerto de San Andrés: por qué no sirve

En el 2021 concluyó el contrato para la construcción de la torre de control del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, una obra fundamental para una de las principales fuentes económicas de la isla. Pero dos años después y más de 7.000 millones invertidos, la estructura está sin terminar y no tiene ninguna función.

El hallazgo fue hecho por la Contraloría General de la República que identificó irregularidades por $7.774 millones en la construcción de la Torre de Control del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, donde la entidad afectada es la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – Aerocivil.

“Este órgano de control fiscal identificó la existencia de un daño patrimonial representado en la perdida de la totalidad de recursos girados al contratista para la ejecución del Contrato N.º 19001314H4 de 2019 cuyo objeto fue “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES””, señaló la Contraloría.

El Plan Maestro del aeropuerto había contemplado la necesidad de modificar el aeropuerto ante el aumento del turismo y porque la torre de control existente apenas tenía nueve metros de altura, que ya la superaban los árboles aledaños y otros obstáculos que le habían restado visibilidad. Se propuso construir una dotada con toda la tecnología y que tuviera 40 metros de altura, que se estimaba en un valor de más de 12 mil millones de pesos.

La Contraloría señaló que al contrato se le hicieron varias prórrogas y adiciones hasta que finalmente el 7 de diciembre de 2022 se dio finalizado por finalizado debido al vencimiento del término contractual. Para entonces se habían hecho varias actas de pagos parciales que constituyen el daño patrimonial al Estado.

Se alcanzaron a pagar poco más de 7.000 millones de anticipo que dejaron una obra, según la Contraloría, con deficiencias constructivas, que no funciona y que actualmente se encuentra inconclusa. Así mismo, la estructura con que terminó el contrato se ha deteriorado y se ha convertido en un obstáculo en el aeropuerto porque no cumple ninguna función.

“Lo cual se traduce en la perdida de recursos públicos ocasionada por una presunta gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente de algunos de los actores que participaron en el desarrollo del contrato y en el manejo de los recursos, ya sea de manera directa o con funciones de vigilancia y cuidado de los mismos”, sostuvo el ente de control.

Debido a esa situación, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez informó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal para buscar recuperar los recursos. Fueron vinculados como presuntos responsables a la CONSTRUCTORA GILLI S.A.S y Ludwig Páez Muñoz, quienes conformaron el consorcio Guadalupe GL. con los que se firmó el contrato.

También se vinculó a Gonzalo Cárdenas Mahecha y María Consuelo Durán Cárdenas en calidad de secretarios de sistemas operacionales de AEROCIVIL. Aldemar Pinzón, Ceidy Andrea Betin Muñoz, Juan David Henao Moreno y Luis Roberto D Pablos, en calidad de supervisores. Finalmente, también se vinculó a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A como garante en el proceso y se determinó un daño en cuantía de $7.774.898.533.

Durante la visita del contralor general al archipiélago se informó que la entidad tiene identificados 20 elefantes blancos y proyectos críticos, entre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que suman 220.879 millones. A estos se suma otro hallazgo en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla por $563 millones en las obras de la Plataforma, que fueron declarados de impacto nacional.

“Se evidenció en el primero el deterioro prematuro del concreto rígido de la plataforma, el cual presenta patologías como fisuras, grietas, descascaramientos, desportillamientos en juntas de dilatación, entre otras, poniendo en riesgo la inversión realizada y los niveles de seguridad y servicio del lado aire del aeropuerto”, identificó la Contraloría.

Las nueve obras inconclusas suman pérdidas por un valor de $97.271 millones, mientras que los 11 proyectos con irregularidades que podrían terminar en el fracaso alcanzan inversiones de $123.608 millones. Entre estos se encuentra el megacolegio Cemed que ya es catalogado como un elefante blanco con 46.551 millones de pesos asignados, la Planta de Generación de Residuos Sólidos que no ha podido ser puesta en marcha pese a estar concluida por algunos deterioros, el Colegio Junín-sede bachillerato o el puente de los enamorados.