Población con orientación sexual e identidad de género diversa está abandonada por el Estado ante la violencia, aseguró el Defensor del Pueblo: “Se necesitan acciones concretas”

Por primera vez la Defensoría del Pueblo hizo una audiencia defensorial dirigida exclusivamente a personas con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIGD) - LGBTI, esta se desarrolló en Barranquilla en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La Defensoría realizó la audiencia con el fin de visibilizar las barreras a las que se ve enfrentada la población OSIGD para tener acceso a sus derechos, debido a la preocupante situación en violación de derechos humanos que enfrentan a nivel nacional.

Durante su intervención, Camargo Assis declaró: “Los actos de discriminación y violencias por prejuicio contra las personas OSIGD los encontramos de manera lamentable en las familias, las escuelas, las comunidades, la sociedad y el Estado. Peor aún, se han acentuado a lo largo del tiempo, lo que ha generado una limitación de sus derecho”.

La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género atendió 394 casos de violencia por prejuicio en 2022, de los cuales 238 fueron por violencia contra personas transgénero, 61 contra mujeres lesbianas, 123 contra hombres gais y 21 contra personas bisexuales.

Las principales violencias registradas por las las Duplas de Género adscritas la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género fueron psicológica (211 casos); física (93 casos); violencia intrafamiliar (52 casos); violencia sexual (27 casos) y fueron acompañados 34 casos que involucran a personas migrantes.

Frente a estas situaciones, el Defensor del Pueblo expresó: “Pudimos concluir la escasa respuesta institucional frente a estos actos de violencia por prejuicio, así como la falta de contratación de equipos institucionales y profesionales especializados enfocados en la atención de los derechos de esta población, la falta de sistemas de información sensibles al género y la escasa implementación de la política pública por parte de las entidades nacionales y territoriales. Esto ha generado un escenario de mayor vulnerabilidad de derechos de las personas OSIGD y LGBTI”.

En el informe presentado, la Defensoría del Pueblo deja varias recomendaciones a las diversas entidades gubernamentales, con el fin de implementar criterios y enfoques diferenciales en los registros de información para la tener constancia de mejor manera los casos de violencia por prejuicio, su participación en los planes de acción para la garantía de los derechos de la población OSIGD y la implementación de políticas públicas a su favor.

En el documento, la Defensoría del Pueblo expone que en razón al ejercicio de liderazgo y defensa de los derechos humanos, desde la entidad activaron rutas de protección en 31 casos de violencia reportados. Así mismo, acompañó 14 hechos de violencia en ámbitos de salud, cinco casos en ámbitos de educación, 13 casos de discriminación y prejuicio en ambientes laborales, 17 casos de violencia policial, 47 casos de violencia y discriminación en contextos de prostitución y, en centros penitenciarios y carcelarios del país, asistió 44 casos.

“Es necesario que el Gobierno Nacional desarrolle acciones concretas para la implementación de políticas públicas OSIGD-LGBTI participativas y garantías para la prevención, atención de la violencia por prejuicio, así como investigación, protección y justicia para esta población. El reconocimiento y la protección de las diversidades son un presupuesto básico para la construcción de una sociedad más justa y en paz”, agregó Camargo Assis.

Como conclusión, la Defensoría del Pueblo dejó claro que se necesita una respuesta efectiva de las instituciones del orden nacional y territorial para evitar que sigan ocurriendo lamentables hechos de personas LGTBI muertas o discriminadas a causa de la violencia por prejuicio.