
El fiscal Daniel Hernández resultó en el centro de la disputa entre el presidente Gustavo Petro y Francisco Barbosa, jefe del ente acusador. Tras los hechos que generaron afectaciones, sostiene, incluso a su hijo menor de edad, solicitó medidas cautelares, aseguró ser un perseguido político, dice que es absurdo vincularlo con grupos autodefensas y que el mandatario ha sido engañado.
“Si el presidente de la República, como jefe de Estado, me hubiera hecho una simple llamada, un simple correo electrónico, preguntándome o solicitándome alguna explicación frente a la denuncia falsa del señor Gonzalo Guillén le hubiera informado sin ningún tipo de cortapisa”, afirmó Hernández en diálogo con Caracol Radio.
Los cuestionamientos sobre Hernández se centraron en una revelación del periodista director de La Nueva Prensa en la que un agente del CTI señaló que no había impedido 200 homicidios y se había negado a capturar a 14 miembros del Clan del Golfo pese a las evidencias.
Los hechos investigados, aclaró la Fiscalía, ocurrieron entre 2008 y 2010 en el departamento del Magdalena. Hernández lo asumió en 2020 y el proceso se encuentra activo y vigente, asegura que los homicidios los tiene asignados la entidad correspondiente y algunos de los responsables han sido capturados, pero dentro de otros procesos. Él investiga presunta corrupción al interior del ente investigador por parte de quienes tuvieron el caso.
“A mí papá lo mataron las autodefensas y sería absurdo presumir que voy a alcahuetear alguna acción ilegal por parte de las autodefensas”, aseguró el fiscal a Blu Radio, pues su padre cuando se desempeñaba como fiscal de instrucción fue asesinado en la masacre de la Rochela.

La relación con los ataques del presidente Gustavo Petro
Hernández tuvo asignado el caso de Carlos Mattos que derivó en la captura de Alex Vernot, un abogado cercano al ahora presidente, por haber ofrecido dos millones de dólares a un testigo en el caso, Luis David Durán, para que no declarara. La condena en su contra se encuentra en revisión por segunda instancia.
“El presidente el primer ataque que me realiza lo realiza el año pasado... El sr. presidente retuitea una noticia que dijo Vernot que decía que los fiscales Hernández y Betancur le habíamos ofrecido un principio de oportunidad por intermedio de uno de sus abogados siempre y cuando hablara en contra de Gustavo Petro. Nunca ha dicho cuáles son los abogados”, señala el fiscal delegado.
Según Hernández, ninguno de los abogados de Vernot ha presentado denuncias sobre esos hechos pese indicar un posible delito grave. “Alex Vernot se inventa esa historia porque, es más, el señor presidente nunca apareció o figuró en el caso de Carlos Mattos. Nunca. Nunca fue mencionado, Alex Vernot es el que saca esa invención. Lógico, eso sí puede afectar el interés del señor presidente porque puede considerar estar siendo perseguido por la Fiscalía General de la Nación”, agregó a la emisora.
Hernández, como fiscal del caso Mattos, fue quien logró la extradición y condena del empresario colombo-español, caso del que considera que salieron los ataques de los que ahora es víctima. A los que les atribuye una profunda connotación política.
“Ahora que aparentemente he tomado decisiones que pueden afectar intereses del presidente, que no veo cómo, porque Álex Vernot nada tiene que ver con Gustavo Petro y mucho menos el señor Juan Carlos Montes porque a él se le solicita la extradición por unos contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Acá el punto es por qué se me gradúa dependiendo la investigación con un perfil político cuando nada tiene que ver”, sostiene.

“Me siento y considero que soy un perseguido político”, sostiene Hernández, debido a que el presidente Petro cuestionó que continuara en su cargo pese a que está imputado por prevaricato por omisión, por según dice no haber registrado órdenes de capturas a los empresarios directivos de Odebrecht sin circular azul.
“El señor presidente está desconociendo el fallo del Tribunal en el cual no me impuso una medida de aseguramiento porque consideró que el hecho que se atribuye era inexistente y el presidente hace como un reclamo de por qué sigo trabajando cuando fui imputado”, sostuvo a la emisora Blu Radio.
También está imputado por el caso Odebrecht porque habría presuntamente amenazado al testigo Otto Bula. Sin embargo, sostiene que el hecho denunciado tiene fecha cinco años después de haber sido el testigo del caso, cuando él ya no estaba asignado a esa investigación de corrupción.
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