Luego de la audiencia en contra del youtuber Richard Riaño Botina, conocido en redes sociales como Hacker de la Fiscalía, un juez lo condenó por los delitos de injuria y calumnia. Tras acusar de corrupta y vendida en su canal de YouTube a la juez Carmen Helena Ortiz, quien lleva el caso del expresidente Álvaro Uribe.
El 6 de marzo de 2021, Botina publicó en sus redes sociales que la funcionaria judicial supuestamente había recibió dinero para beneficiar a Uribe Vélez, durante la primera solicitud de preclusión que realizó la Fiscalía General de la Nación, en medio de la investigación por presunta manipulación de testigos.
Por esta razón, la juez 38 Penal Municipal con Función de Conocimiento, el jueves 20 de abril argumentó en la audiencia que “el acusado pretende hacer creer que el video que publicó lo hizo ejerciendo el papel de informador y porque le asiste el derecho a la libre expresión”.
Así la Fiscalía, Procuraduría y representante de víctimas, en el desarrollo del proceso judicial solicitaron una sentencia ejemplar: “ya que el implicado no se retractó y efectivamente, atentó contra una servidora judicial, colocando en riesgo la vida de la jueza Carmen Ortiz y la de su familia”.
De igual manera, la Fiscalía realizó varias peticiones al juez que lleva el caso: han pedido 10 años de cárcel y circular roja de Interpol, pues el youtuber se encuentra en Canadá y esperan su traslado a Colombia. Además, el ente acusador exige que se cancele su canal de YouTube y Twitter, pues la conducta cometida contra esta servidora pública puso en riesgo la credibilidad de las instituciones.
Finalmente, el próximo 17 de mayo cerca de las 4:00 de la tarde, se conocerá cuántos años deberá pagar por los delitos de injuria y calumnia agravados. Aunque el implicado ha expresado que apelará la decisión del juez.
Riaño ha dicho que está en “alerta roja”: “Me van a condenar. Es exagerado. Estamos preparando la apelación. La juez me puede tumbar mis redes sociales si lo quiere hacer”.
Última fase de para pedir la preclusión del proceso contra el expresidente Uribe por compra de testigos
El martes 7 de marzo inició la última fase de la audiencia de solicitud de preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda.
En dicha audiencia habló Jaime Granados, abogado de la defensa, quien expuso los argumentos para apoyar la solicitud, presentada por la Procuraduría General de la Nación, de preclusión del proceso.
La diligencia judicial se realizó ante la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Uno de los objetivos del abogado del exsenador y líder del Centro Democrático era desvirtuar las versiones que indicaban que, supuestamente, Diego Cadena, a nombre del exsenador, propuso el pago de coimas o el ofrecimiento de prebendas a testigos como Juan Guillermo Monsalve para que declararan en contra de Cepeda.
Desde que inició la audiencia Jaime Granados intentó demostrar la inocencia de su cliente. En ese sentido, el abogado sostuvo que no existen pruebas contundentes de que Uribe Vélez diera las órdenes para presionar a testigos o entregarles de beneficios para que cambiaran su versión.
Asimismo, sostuvo que la pruebas presentadas durante el proceso del caso “apuntan a que Álvaro Uribe Vélez lo único que hizo fue buscar la forma de corroborar una información que le había llegado sobre la existencia de un grupo de paramilitares que querían retractarse de las acusaciones que habían hecho en diferentes escenarios judiciales contra él y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez”.
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