Una crisis humanitaria se vive en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual se ha convertido en punto de viaje para los migrantes que buscan llegar Centroamérica. En los últimos 10 meses se reportó la desaparición de 58 personas, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a Migración Colombia par redoblar esfuerzos.
El Ministerio Público explicó que en 10 meses se ha reportado la desaparición de 59 personas, mientras que la Armada Nacional ha logrado rescatar a al menos 804 personas de distintas nacionalidades, como chinos, vietnamitas, venezolanos, ecuatorianos y antillanos.
La investigación fue realizada por el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento Olarte, que junto a su equipo de trabajo determinaron un aumento en los casos de trata de personas en el archipiélago.
Los migrantes son víctimas de traficantes, que destararían ofertando el paso por la isla como parte de una “ruta VIP”, cuyo destino final serían los Estados Unidos. El cual inicia en las capitales del país, desde donde salen los vuelos al aeropuerto Internacional Rojas Pinilla. Los migrantes pernoctarían una noche en la isla, para luego partir a Nicaragua por vía marítima.
La situación se vendría presentando desde junio del 2022, cuando la Procuraduría confirmó que en distintas rutas se han rescatado náufragos de distintas nacionalidades, gracias a información de la Armada.
Uno de los puntos calientes, en el tráfico de personas, es el Cayo Pescador. En este lugar es posible evidenciar la presencia de migrantes irregulares, que se encuentran resguardados en cambuches y carpas, mientras esperan una nave que los transporte a Nicaragua.
Otras de las afectaciones observadas por el equipo de la Procuraduría son ambientales, pues estos pudieron constatar como los traficantes talan árboles y vertiendo distintos tipos de residuos en el Cayo, poniendo en riesgo su sostenibilidad ambiental y potencial turístico.
Los pescadores de la zona declararon que los migrantes abordan embarcaciones no aptas para el viaje, las víctimas serían engañadas y estarían expuestas a sobrecupos, así como rutas poco seguras debido a las condiciones climatológicas adversas. También se han presentado casos en que se convence a los extranjeros que ya llegaron al país centroamericano.
La Procuraduría General de la Nación pidió a Migración Colombia, a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del Archipiélago (OCCRE) y a las aerolíneas comerciales, fortalecer los controles y vigilancia, con el fin de evitar que los traficantes logren transportar los migrantes por el mar abierto.
El Ministerio Público también hizo un llamado a la Dirección de Inteligencia (Dijín) de la Policía, así como a la Fiscalía. Con el propósito de que se investiguen a las organizaciones detrás del negocio de la migración ilegal. Finalmente, se anunció que la Procuradora Margarita Cabello Blanco presentara un informe preventivo que determine los requerimientos preventivos y acciones disciplinarias a que haya lugar.
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