Quienes habrían sido secuestradas por parte de las Farc serían Protacio López, María Ofelia Cano y Luis Carlos Rodríguez. Sin embargo, debido a la corta duración que tuvo este hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, mencionó que no serían reconocidos como víctimas.
Este pronunciamiento procede desde la Sección de Apelación de la Jurisdicción, donde rechazaron reconocerlos con esa calidad en los hechos que se habrían presentado en dos ocasiones entre los años 2000 y 2002.
La decisión generó polémica porque López, Cano y Rodríguez estuvieron secuestradas por las Farc entre cuatro y seis horas, razón por la que según la JEP, no constituye una situación que permita catalogarlos como víctimas, y así lo determinaría la magistratura, según la información que fue conocida por el medio la W Radio.
Cabe señalar que este sería uno de los casos, pues en la segunda situación, habría sido una noche completa sobre la cual estuvieron en manos de las Farc. Sin embargo, la JEP señaló que en estos escenarios no se les vulneraron sus derechos y que además su libertad no estaba condicionada, lo que habría dejado por fuera los testimonios de los solicitantes.
De hecho, la Sección señaló que: “Los relatos ofrecidos por las víctimas no dan cuenta que durante su secuestro se hubiesen transgredido normas fundamentales para el DIH o que la retención haya sido la causa para la ocurrencia de graves vulneraciones a sus derechos como puede ser el caso de maltratos físicos o psíquicos”.
Otra de las razones por las cuales la JEP habría tomado esta determinación tiene que ver con que, según informó, los secuestros no pueden clasificarse como infracciones al Derecho Internacional Humanitario - DIH, dado que estas acciones no tuvieron objetivos de control territorial o social en la región.
Para ampliar el argumento, recordaron que fueron retenidos, junto con otros miembros de sus familias, en una vía pública, acción que fue emprendida por parte de integrantes del Frente 47 de las Farc, “... lo que permite visibilizar el poderío militar de las Farc, no supuso una conducta en contra de personas de cargos de elección popular (...) ni un delito cometido com forma de castigo a la población civil”.
Sin embargo, las víctimas, en compañía de sus abogados, no solo alegaron identificarlos como víctimas de secuestro por las Farc, oficialmente, sino que además, ante la negativa, señalaron falta de igualdad en comparación con otros casos de secuestrados que sí fueron reconocidos a pesar de haber pasado tiempos cortos retenidos.
Por esta razón, las víctimas solicitaron que se reconsidere esta decisión y la Sala de Reconocimiento les proporcione la acreditación como víctimas.
Gobierno nacional autorizó incremento de recursos para la JEP
La decisión sobre la aprobación del monto para el presupuesto de la entidad generó preocupación en el Congreso, pues la suma correspondería a un total de $60.000 millones de pesos, los cuales estarían destinados, principalmente, a la ampliación de la planta de personal de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Así lo conoció La FM, medio que conoció el documento titulado “Acuerdo AOG No. 012 de 2023″, el cual fue emitido y señala que mediante un proyecto de adición presupuestal, el Gobierno aprobó el incremento de los recursos a la JEP, con el cual se prepararía para iniciar el financiamiento de nuevas contrataciones para el 2023. En total, el presupuesto de la JEP sería de 262.000 millones de pesos anuales.
Así las cosas, el documento señalaría que esta decisión surge tras la solicitud que habrían hecho con el fin de modificar la planta de personal, pues mencionó que:
“La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto favorable a la solicitud de viabilidad presupuestal para la modificación de la planta de personal permanente de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, por un costo neto total anual adicional de $60.435.986.790, pasando a un costo anual por todo concepto de $262.118.818.588″.
De esta forma, serían 423 los cargos nuevos que se sumarían a la planta, los cuales serían distribuidos de la siguiente manera: 242 cargos estarían adscritos a la Magistratura de la JEP, 56 cargos a la Secretaría Ejecutiva y 125 cargos adscritos a la Unidad de Investigación y Acusación - UIA, Fiscalía de la JEP.
La razón por la que se hizo la solicitud del incremento del presupuesto respondería a las necesidades que tiene la JEP para poder seguir avanzando en el cumplimiento y la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.
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