En noviembre de 2022 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 024/022 donde advirtió sobre los riesgos para las comunidades indígenas en las selvas de Guaviare, Guainía, Meta y Vaupés por accionar de las disidencias de las Farc y de otros grupos armados ilegales.
Pues cinco meses después de aquella alerta el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se volvió a referir a la situación de los indígenas en el Vaupés.
De acuerdo con la información suministrada por la entidad del Ministerio Público, estas personas, todas indígenas, están llegando masivamente al municipio de Taraira (Vaupés), “en donde se espera el desplazamiento forzado de tres comunidades más, debido a presuntas amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley”, se lee en el comunicado del miércoles 5 de abril.
Adicionalmente, a través de la Regional Vaupés, la Defensoría del Pueblo también había alertado sobre los asesinatos registrados en el departamento y que están causando el desplazamiento de las comunidades.
También se conoció que en Consejo de Seguridad Departamental Extraordinario, convocado por la Regional Vaupés el 1 de abril, se solicitó nuevamente la presencia urgente de la fuerza pública en la zona del bajo Apaporis, en donde no hay presencia del Ejército.
Entre las advertencias adelantadas por la entidad se puede destacar que las disidencias de las Farc están imponiendo férreos controles sobre la población residente, la cual se ve afectada en sus actividades cotidianas y comerciales. Su injerencia se cierne con mayor riesgo sobre las comunidades indígenas y demás residentes, que se asientan en el área rural de los municipios de Mitú y Carurú.
La alerta temprana de 2022 también resaltó, que además de los intereses de narcotráfico, aliados con carteles de México y Brasil, las disidencias de las Farc y grupos paramilitares buscan el control de la explotación ilegal de los recursos naturales, con el agravante de que comenten los delitos en territorios ancestrales.
Finalmente, en sus declaraciones del 5 de abril, el defensor del Pueblo le pidió a las autoridades tomar acciones urgentes ante el riesgo en que se encuentran las comunidades indígenas del departamento, e indicó que la entidad a su cargo “emitirá una alerta de inminencia específicamente para esta zona”.
Hay que destacar que en Colombia entre 2005 y 2016 se desplazaron 52.521 personas pertenecientes a pueblos indígenas, según cifras oficiales. Los departamentos más afectados fueron Guaviare, Caquetá, Arauca, Norte de Santander, Magdalena, Meta, Guainía, Vaupés y Putumayo.
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