Defensoría y Procuraduría manifestaron preocupación por el poco número de víctimas acreditadas ante la JEP

A través de jornadas territoriales realizadas entre la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— y los mecanismos de apoyo internacionales como la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, se busca fortalecer el proceso de acreditación de víctimas del conflicto ante el tribunal de justicia transicional.

Dicha medida se tomó por cuenta de la firma de una directiva por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Con esta iniciativa, de acuerdo con el defensor Carlos Camargo, se busca fortalecer el mandato del mecanismo creado en el Acuerdo Final de Paz firmado con las extintas Farc.

“Resarcir el daño causado a las víctimas en el marco del conflicto armado, su reconocimiento como ciudadanos y ciudadanas de derechos y la necesidad de hacerlos efectivos, es el propósito que mueve esta iniciativa”, explicó el funcionario durante el jueves 30 de marzo. Asimismo, indicó que otro de los objetivos es que las víctimas se acerquen más a los procesos judiciales que adelanta la JEP y al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —Sivjrnr—.

Concretamente, dicha directiva plantea la realización de actividades pedagógicas sobre los derechos que tienen las víctimas ante la jurisdicción de paz, así como jornadas de apoyo para facilitar su acreditación como víctimas ante este tribunal.

Sobre esto, la procuradora Margarita Cabello enfatizó en que existe una necesidad real de acompañar a las víctimas del conflicto y dijo que es bajo ese contexto “en que se propone la directiva, como un instrumento donde la Procuradora, como cabeza del Ministerio Público, y el Defensor del Pueblo, generan un marco de articulación para promover y garantizar su participación en la JEP”.

De acuerdo con registros propios, la Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con 334.364 víctimas acreditadas, de las cuales 6.122 son acreditaciones individuales y las restantes corresponden a sujetos colectivos como resguardos. En ese orden, el reto de acreditación es grande tanto para esa entidad como para el ministerio público y la Defensoría, pues el Registro Único de Víctimas —RUV— indica que el conflicto armado dejó 9.423.138 personas afectadas.

Por su parte, el defensor Camargo puntualizó en que esa directiva firmada por ambos funcionarios “entiende y comprende la necesidad que tiene las víctimas de ser resarcidas en sus derechos y es nuestra labor generar las condiciones para que esto sea posible”. Además, dijo que la contribución que hacen ambas entidades a través de la acreditación de más víctimas ante la JEP permite la garantía de derechos, la consolidación de la paz en el país y, en ese sentido, “dar otro paso en la dirección de la reconciliación”, agregó.

En el marco de las diligencias realizadas por la jurisdicción especial dentro del subcaso Costa Caribe del macrocaso 03 —muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado—, el ministerio público le hizo un llamado a esa instancia para que vincule a las investigaciones a los comandantes del Ejército que lideraron las operaciones militares en las que se cometieron ‘falsos’ positivos en esa región del país.

Por su parte, el procurador delegado, Jairo Acosta Aristizábal, solicitó durante las diligencias ahondar en las comparecencias de los exintegrantes de los cuerpos de policía judicial, así como antiguos uniformados que oficiaron como reclutadores e informantes que estuvieron involucrados en esos crímenes contra civiles.

En ese sentido, precisó que esos relatos previos y posteriores a la comisión de ‘falsos positivos’ son los que permitirán ahondar en la búsqueda de la verdad hecha por las víctimas y que por eso no hay que limitarse a escuchar solamente a quienes hicieron parte de los batallones involucrados en esos asesinatos.