El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó, en la noche del lunes 27 de marzo, de la incautación de cerca de 1,2 toneladas de cocaína en aguas de su país. El mandatario indicó que la droga era trasladada en una embarcación semisumergible a unos 963 kilómetros de la bocana El Cordoncillo (centro) “con 3 tripulantes de nacionalidad colombiana”.
El propio presidente Nayib Bukele se encargó de dar la noticia, en una serie de tuits en los que también mencionó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. “Esta se convierte en la incautación de droga más lejana de la costa en la historia de El Salvador”, escribió Bukele en Twitter.
Un día después de la información, el presidente centroamericano reveló la identidad de los tres colombianos capturados por la Fuerza Naval de El Salvador. “Nos llega la primera fotografía de nuestra Fuerza Naval con los tres colombianos detenidos con el cargamento de cocaína”, trinó el mandatario.
De acuerdo con Bukele, los connacionales capturados fueron: Pedro Javier Rodas Bueno, de 27 años, Yerlin Cáceres Palacios, de 33 años y Segundo Silvio Grueso Araujo, de 50 años.
Para los expertos, que Bukele haya mencionado a Petro en su información sobre la incautación de la cocaína sería un mensaje directo de cómo desde El Salvador se estaría implementando la política antidrogas, que se aleja de lo que ha señalado el presidente de Colombia que en sus múltiples intervenciones ha mencionado que la política internacional que se ha usado en los últimos 30 años, ha fracasado y debería centrarse en la legalización y la atención médica.
Ante la indirecta de Nayib Bukele, Gustavo Petro también utilizó sus redes sociales para responderle a su homólogo. “Otra tonelada y media de cocaína que cae cerca de El Salvador, gracias a la inteligencia y ayuda de la Armada Colombiana”, trinó el jefe de Estado colombiano. Según Petro, la institución nacional le avisó a las autoridades del país centroamericano que la embarcación estaba en sus aguas territoriales.
Esta noticia se produjo justo cuando Nayib Bukele celebra el primer año del estado de excepción que decretó en El Salvador. Desde entonces, 65.000 personas han sido detenidas, entre ellas, más de 1.600 menores, la mayoría acusada de pertenecer a las pandillas catalogadas como organizaciones terroristas. Estas cifras corresponden al trabajo de campo de la organización Human Rights Watch, la cual ha denunciado permanentemente las violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
En una entrevista con la Revista Raya, Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, se refirió a la situación que se vive en El Salvador y aseguró que:
“Hemos documentado en terreno que durante el régimen de excepción las autoridades han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias de personas que nada tienen que ver con las pandillas, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y violaciones masivas del debido proceso”, le dijo al medio de comunicación independiente.
Por otra parte, desde la oficina de la ONU para los Derechos Humanos han alertado que el estado de excepción aplicado en El Salvador, destinado a combatir la inseguridad asociada a las pandillas, “ha generado graves preocupaciones en materia de derechos y libertades”. También advirtieron que los problemas de fondo no se pueden resolver con medidas únicamente represivas.
“El derecho a la vida, la absoluta prohibición de la tortura, los principios de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, y las salvaguardas procedimentales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, también durante estados de emergencia”, remarcó la portavoz de la ONU, el martes 28 de marzo.
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