
Durante el martes 28 de marzo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, asistió al debate de control político citado por la Comisión Quinta del Senado de la República para exponer los múltiples incumplimientos del Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana (CGR) en desarrollo del contrato de concesión 344 de 2010.
Ante los congresistas, la mandataria aseguró que: “Hoy después de tener más de 13 multas vigentes por incumplimientos de las autoridades ambientales y la Superintendencia, CGR pretende que le paguemos 1,2 billones de pesos como si en efecto hubiese optimizado la planta de tratamiento de lixiviados desde el 2010 hasta la fecha”.
Además de Claudia López, al debate también asistieron la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quienes en sus intervenciones dejaron claro que la ciudad no puede pagarle más dinero a esta empresa que tiene 24 procesos sancionatorios por incumplimiento del contrato y contaminación ambiental.
En contexto, el contrato 344 de 2010 tiene como objeto: “la Administración, Operación y Mantenimiento Integral del Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados”, se lee en el comunicado público.
La alcaldesa insistió que mientras esté al frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá no pagará un peso a los contratistas “incumplidos”. “Este es un tema de ética y de derechos. No pagaremos un solo peso más a un contratista que los únicos que ha hecho es mentir y dilatar el proceso que ya habían perdido contra el Distrito”, comentó López.
Es importante destacar que el Distrito recurrió a un equipo jurídico para enfrentar este proceso legal: “No vamos a dejar que se estafe a la ciudadanía. El 11 de abril se decidirá la vida, los derechos y el bolsillo de los bogotanos”, explicó Claudia López tras conocer que en las últimas horas el Tribunal de Arbitramiento aplazó la decisión del fallo, que estaba previsto para esta semana.
Asimismo, durante el debate la mandataria local pidió que en el marco del Plan Nacional del Desarrollo (PND) se puedan regular los estándares técnicos que permitan fijar las tarifas para el tratamiento de residuos sólidos. En ese contexto, concluyó que hoy en día los bogotanos están pagando 24.000 pesos, diez veces más la tarifa pactada.
A su turno, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, dijo que este “es un negocio para el operador, que no beneficia a la ciudad, porque no ha respetado los derechos ambientales de los ciudadanos”, e indicó que se hará un “seguimiento sistemático” a los 24 procesos sancionatorios contra el Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana.
En ese mismo sentido, confirmó que el Ministerio de Ambiente enviará una comisión para verificar la toma de muestras del vertimiento actual en Doña Juana. “Las autoridades ambientales no nos vamos a quedar observando cómo se viola flagrantemente la norma ambiental y cómo se pone en riesgo el ambiente”, concluyó Muhamad.
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