Los cerca de 1.000 manifestantes que mantenían un bloqueo en la vía que comunica Buenaventura con la población de Buga lograron acuerdos con el Gobierno nacional, que se comprometió a garantizar la seguridad de los protestantes.
Desde el 22 de marzo, miembros de distintas comunidades afrodescendientes y negras del Pacífico vallecaucano pararon el tráfico, en el kilómetro 16, de la carretera que conduce al puerto de Buenaventura.
El sector conocido como El Gallinero fue el elegido por las comunidades para exigir la presencia de funcionarios del Estado para hallar soluciones ante la difícil situación de orden público que padecen por cuenta del accionar delictivo de los grupos armados.
17 horas duró el dialogó sostenido por el Gobierno y las comunidades. En el encuentro, los habitantes del territorio presentaron un documento con 20 solicitudes, referentes a la seguridad en la zona, según informó Caracol Radio.
El Gobierno estuvo representado un grupo de funcionarios encabezado por la viceministra del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Lilia Solano, que se comprometió a garantizar el retorno de los desplazados por los combates de grupos armados, a sus hogares y proteger a la comunidad confinada.
Mientras que Víctor Hugo Moreno, director de Comunidades Negras de la misma cartera, afirmó que “Atendiendo el llamado de la comunidad se avanzará en todo el tema de la protección colectiva de los Consejos Comunitarios”
“Ya está habilitado el tráfico en la vía Buenaventura - Buga. Ahí se levantó el bloqueo que había por parte de los manifestantes, según unos acuerdos que lograron con los delegados del gobierno nacional”, dijo el teniente coronel Germán Gómez a Blu Radio.
Por su parte, los camioneros, que estaban atascados por el bloqueo, retomaron la movilidad por la vía y manifestaron a RCN Radio que esperan que se habiliten con prontitud las demás vías ocupadas por los manifestantes.
“Celebramos que se haya llegado a un acuerdo para abrir paso a la vía de Buenaventura, entendemos los requerimientos de las comunidades en materia de seguridad. Nos preocupa que se sigan utilizando las vías de hecho para generar solicitudes ante el Gobierno nacional, estas vías perjudican a la población, la cadena logística, el empleo y genera pérdidas de más de 5 mil millones de pesos diarios. También afecta el abastecimiento de alimentos, medicamentos y gas de Buenaventura”, sostuvo Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial, para el medio antes citado.
En las manifestaciones participaron unos 10 consejos comunitarios rurales de las poblaciones ribereñas de los ríos Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Cajambre, Yurumanguí y Naya.
En declaraciones para Noticias Caracol, los manifestantes afirmaron que si bien el Gobierno nacional trabaja para implementar su política de Paz Total, en sus comunidades se reportan asesinatos y desapariciones forzadas, lo que los obliga a desplazarse a la zona urbana de la ciudad portuaria.
“Ahora, después del acuerdo bilateral que se está haciendo con el Gobierno, los grupos insurgentes han comenzado a hacer retenes ilegales en el territorio. Eso ha rebozado la copa y por eso decidimos salir a la calle”, denunció Mario Ángulo, representante de las comunidades negras.
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