SIC le pidió a operadores de telefonía móvil cumplir el régimen de libre competencia y protección de usuarios

El jueves 23 de marzo la superintendente de Industria y Comercio (e), María del Socorro Pimienta Corbacho, sostuvo un encuentro con los presidentes y altos directivos de las compañías de telefonía móvil del país, con el fin de insistir en el cumplimiento del régimen de la libre competencia, el de protección de usuarios de telecomunicaciones y las normas sobre privacidad y debido tratamiento de datos personales.

En el encuentro, la funcionaria invitó a los directivos y representantes de las empresas de este sector económico a que incorporen los más altos estándares y las mejores prácticas empresariales que busquen el bienestar de los consumidores, la protección de los datos personales de los usuarios y garanticen la libre competencia económica en el mercado de las telecomunicaciones.

María del Socorro Pimienta Corbacho resaltó la importancia de trabajar desde un enfoque preventivo y que, frente a las posibles afectaciones a derechos de consumidores y usuarios, “resulta oportuno acudir la herramienta ‘SIC Facilita’ con la que cuenta la entidad, con la finalidad de que las quejas o demandas sean la última alternativa de los consumidores para solucionar sus problemas”, puntualizó la superintendente encargada.

Cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dan cuenta de que en 2021 se presentaron 7.214 demandas contra compañías de telefonía móvil en Colombia.

Claro, el operador con más clientes en Colombia, recibió 243 quejas en el transcurso de dicho año. En esa misma línea estuvo Movistar, que tiene más de 18 millones de usuarios, de los cuales 151 de sus clientes tramitaron alguna queja por sus servicios.

En su momento, Samuel Hoyos, presidente de Asomovil, gremio de los operadores Claro, Tigo y Movistar, dijo que las quejas reportadas en las empresas no “llegan ni a 0,1% de los usuarios, lo cual indica que hay satisfacción y calidad”.

Entre tanto, los que encabezaron la lista de operadores móviles con más quejas por su tamaño de usuarios, fueron: Avantel, de primera, con 3,73 quejas por cada 100.000 habitantes; de segunda, el operador Flash, con 2,28; le siguió ETB, con 2,12; y termina WOM, con 1,90 por cada 100.000 usuarios.

En ese sentido, la superintendente encargada advirtió que la SIC trabajará de manera coordinada en defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones del país, con el propósito de que se siga adelantando esa actividad bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Por último, la SIC enfatizó que permanecerá vigilante de que las compañías de telefonía móvil cumplan con la normatividad vigente en el desarrollo de su actividad empresarial y recalcó que seguirá siendo garantista con los operadores en el ejercicio de sus funciones.

Sobre el mercado de las telecomunicaciones móviles, el 15 de marzo, Tigo y WOM hicieron pública una denuncia sobre posibles complicaciones que estarían imponiendo otros operadores para cumplir con la portabilidad de los usuarios en Colombia.

La norma de portabilidad es un trámite que demora, en promedio, 24 horas y es un derecho que tienen los colombianos para elegir la oferta de telefonía que más les convenga sin tener que perder su número móvil.

Según datos proporcionados por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) durante 2022 se realizaron 13 millones de solicitudes de portabilidad, de las cuales 8 millones fueron exitosas y más de 4 millones rechazadas. Sin embargo, ambos operadores aseguraron que hay casos en los que no se justifican las obstrucciones a las peticiones.

La CRC identificó cuatro motivos por los que este proceso es rechazado:

- Cuando el usuario está en mora o un saldo por pagar.

- Cuando la persona que solicita la portación no es quién celebró el contrato con el operador o no está autorizada para hacerla.

- Cuando el número que se quiere portar se encuentra reportado como extraviado o hurtado.

- Cuando el número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago, por terminación del contrato por falta de pago o cuando existan obligaciones de pago exigibles.