
Las dinámicas de los múltiples conflictos armados en Colombia han cambiado tras el Acuerdo de Paz con las Farc-EP, tanto en dinámicas como en territorios. Pero las afectaciones a la población civil y las vulneraciones al derecho internacional humanitario (DIH) se mantienen con desplazamientos, confinamientos, desapariciones, ataques con explosivos, homicidios, entre otros, de acuerdo con el informe Colombia: Retos Humanitarios 2023 del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Con corte al 1 de diciembre de 2022, 58.010 personas fueron desplazadas de sus territorios de forma masiva, un 46% de ellas de Nariño, seguida de 16% del Chocó y 12% de Valle del Cauca. Los desplazamientos individuales sumaron 123.220 víctimas, principalmente de Arauca, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia. En cuanto al confinamiento, el organismo internacional de asistencia humanitaria registró 39.404 víctimas principalmente en Nariño, Chocó y Valle del Cauca; el 91% de las víctimas fueron indígenas y afrodescendientes.
El informe señala que la ocurrencia de estas dinámicas del conflicto interno han cambiado territorialmente. Mientras que Nariño y Chocó han sido los más afectados por desplazamientos y confinamientos en los últimos cuatro años, en el departamento de Arauca se registró un aumento del confinamiento en un 10% y pasó de 763 víctimas de desplazamiento individual a más de 19 mil en 2022.

El número de víctimas de artefactos explosivos continuó en aumento, tendencia que se registra desde el 2018. Durante el 2022 se presentaron 515 víctimas por detonaciones, la cifra más alta de los últimos seis años. La mayoría de las víctimas sobrevivió con secuelas físicas y psicológicas irreversibles, mientras que 56 personas perdieron la vida.
“De los 86 municipios en los que se presentaron accidentes el año pasado, el 57 % no había reportado víctimas en 2021. Además, en 2022, se identificaron 26 nuevos municipios afectados por artefactos explosivos en los que no se habían presentado víctimas en los últimos cuatro años”, determinó la CICR.
El número de víctimas de minas antipersonal disminuyó un 13% en comparación con el 2021, pero el número relacionado con explosivos lanzados y de detonación controlada aumentó. Además, más de las mitad de las personas afectadas fueron civiles (54%) y de ellas 43 menores de edad.

La desaparición forzada es un fenómeno que se mantiene en el conflicto interno colombiano. La Cruz Roja logró documentar 209 casos ocurridos en lo corrido de 2022. De las personas arrebatadas a la fuerza de sus territorios y núcleos familiares, 34 fueron miembros de la fuerza pública o grupos armados y 175 civiles, entre ellos 167 adultos y 42 menores de edad. La cifra es menor que los casos registrados en 2021, pero la segunda mayor desde 2016 hasta donde se registran 1.122 nuevas desapariciones.
La asistencia en salud fue especialmente vulnerable a la violencia durante el 2022. Al menos siete pacientes y trabajadores de la salud fueron asesinados, en lo que logró registrar la CICR en las zonas en las que hace presencia. Una cifra que, según dice el informe, fue superior al total reportado entre 2018 y 2021.
“Además, se recibió información sobre otros tipos de violencia contra el sector de la salud, como violencia sexual, bloqueo de ambulancias por parte de actores armados, extracción forzada de personas que estaban siendo trasladadas en ambulancias, así como amenazas y extorsiones. El año pasado, la Mesa Nacional de Misión Médica registró 426 agresiones contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios”, señaló el informe.

El CICR saludó la política de paz y acercamientos con grupos armados e hizo un llamado a buscar compromisos hacia un mayor respeto del DIH. El organismo señaló que la disminución de enfrentamientos entre el Estado y los grupos armados, en algunos meses del segundo semestre de 2022, significaron un cierto alivio para la población.
“No obstante, la situación para las comunidades de estos territorios continuó siendo complicada ya que en algunos lugares se mantuvo el control social de los portadores de armas y, con ello, las consecuencias humanitarias que podrían desprenderse de este fenómeno, tales como amenazas, atropellos y distintos tipos de abuso”, advirtió el informe.
El CICR considera que en Colombia persisten siete conflictos armados de carácter no internacional. Tres de ellos del Estado Colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las Farc. Los demás, entre el ELN y las AGC y tres restantes entre las Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz y la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano, y el ELN.
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