Roy Barreras criticó el cese al fuego del Gobierno con grupos delincuenciales: “Los decretos del 31 de diciembre son inútiles, no se necesitan, no fueron correspondidos”

El presidente del Senado de la República se refirió a la decisión de Gustavo Petro de levantar el cese al fuego con el Clan del Golfo en el marco de la Paz Total. Según comentó Roy Barreras en entrevista con Blu Radio, en estas mesas de diálogo en algún punto se llega a un cese el fuego. Pero recalcó que si todos han incumplido el cese es un contrasentido mantener los acuerdos alcanzados el 31 de diciembre del 2022.

Con relación a la determinación tomada por el mandatario de los colombianos de levantar el cese al fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, calificó la determinación como una medida acertada: “Debe servir de ejemplo a las demás organizaciones ilegales”.

Añadió también en la conversación que “las mesas de diálogo deben mantenerse, pero eso no significa que las fuerzas militares claudiquen”. A su vez el mandatario manifestó que la paz es un mandato constitucional, pero que esto no significa que se deba poner en riesgo la seguridad ciudadana.

“Creo que los decretos del 31 de diciembre son inútiles, no se necesitan, no fueron correspondidos y no son indispensables para avanzar en diálogos de paz con quienes tienen origen político, porque no se hacen diálogos de paz con narcotraficantes”, dijo Barreras.

Aseguró que el presidente Gustavo Petro noblemente ofreció el beneficio del cese al fuego a cinco estructuras ilegales en la nación con el propósito de entregarle a los colombianos un panorama favorecedor, pero que esta determinación fue apresurada.

Ejemplo de ello son los ataques perpetrados contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que en palabras del senador es el único grupo que se ha acogido correctamente y que le está cumpliendo al país con el acuerdo firmado en la Habana, proceso que ha acarreado ataques contra exmilitantes y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

Adicional a esto durante la conversación Barreras se refirió a las críticas generadas desde los territorios afectados por esta estructura y como los gobernantes de cada zona se contraponen a los ataques registrados en los últimos días.

Criticó a las estructuras ilegales que llamó ‘minorías violentas’, asegurando que el trabajo que se debe desarrollar por parte del Estado y de las autoridades en el país es de confrontarles, garantizar la seguridad ciudadana, tomar el control de los territorios y por ello es ‘‘necesario avanzar’'.

Recalcó que el trabajo de las Fuerzas Militares y la Policía en estos escenarios es decisiva, ya que esta es la otra cara que se le debe dar a los grupos interesados en firmar una alianza de Paz Total, en donde se genere un marco para el diálogo y si este no es posible se debe hacer uso de la fuerza dispuesta por parte del Gobierno para enfrentarles.

Generó un balance sobre los alcances que ha tenido la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y aseguró que el proceso fue apropiado porque el Estado mostró que es fuerte y que puede obtener resultados positivos en una mesa de negociación.

Durante su intervención concluyó que no se puede entablar espacios de conversación con narcotraficantes, pero que se debe construir una ley de acogimiento a la justicia que tiene beneficios para facilitar la entrega y que este proceso debe admitirse por parte de la sociedad.

Se puso fin a la propuesta de cese del fuego con el Clan del Golfo

El Gobierno nacional suspendió el cese al fuego bilateral el 19 marzo, decreto que entró en vigencia desde el 2022 con el Clan del Golfo, por acusaciones relacionadas a ataques contra la Policía y de instigación en el paro minero que afectó al suroeste del país.

El presidente Gustavo Petro twitteó que reactivaba todas las operaciones militares contra el grupo. “A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa’'.

La razón de esta determinación se fundamentó en un ataque con fusil a la fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo, pero el Gobierno llevaba toda la semana culpando a este grupo, heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de instigar el paro minero que se desarrolla en la zona del Bajo Cauca, donde se quemaron varios vehículos para cerrar el paso y amenazar a la población.