
Son varias las polémicas en las que se ha visto envuelto la SAE (Sociedad de Activos Especiales). Recientemente, de hecho, el presidente colombiano, Gustavo Petro, mencionó que esa entidad se encontraba en la lista de organismos que habían sido ‘penetrados por el narcotráfico’. En una entrevista con el diario El Tiempo, Liliana Patricia Donado, jefa de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, expuso cifras de los bienes que le han sido entregados a esa institución en los últimos años.
De acuerdo con lo que reveló, entre los años 2020 y 2022, según registros, hay 20.921 actas de secuestro de bienes que fueron enviadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrarlos. En octubre del año pasado, Francisco Barbosa, fiscal general, reveló que los bienes que habían sido entregados a la SAE eran unos 19.000.
“En 2020 les entregamos 7.092 bienes, en el año 2021 les dimos 5.493 bienes y en 2022 fueron 8.336 bienes. Todos estos activos contra acta deben estar dentro del inventario de la SAE”, dijo en su charla con el medio de comunicación citado. De las cifras, dice, está 100% segura.
“Es acta por acta, eso fue un trabajo arduo. Hay algo muy importante, y es que esta información se la pudimos proporcionar a la SAE. A partir de 2020 se empezó a digitalizar todo, entonces nosotros ya tenemos eso digitalizado. Va a ser más complejo con lo anterior porque ahí sí los procesos están físicos, tocaría buscar acta por acta, y lo que no está en la Fiscalía está en los juzgados, en físico”, añadió al periódico al argumentar sus razones por las cuáles, al parecer, no hay errores en sus cálculos.
Es de resaltar que el historial de la SAE en lo que respecta a supuestos actos de corrupción dentro de ella es de larga data. De hecho, fue en febrero de este año cuando la suspensión temporal del presidente de esa entidad fue revocada por la Procuraduría. Su nombre había resultado salpicado en la investigación de supuestas irregularidades en el proceso de compraventa de acciones de la empresa Triple A de Barranquilla.
En enero de este año, de hecho, Rojas denunció que el inventario de la SAE no concuerda con el de la Supernotariado. La conclusión resultó luego de una reunión adelantada entre Rojas y la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. En ella, el presidente de la Sociedad entregó documentos con denuncias de corrupción sobre propiedades administradas por la entidad que representa.

“La conclusión que más me agrada comunicarle al país es que hemos hablado con el director anticorrupción de la Fiscalía y con la fiscal delegada y hemos acordado que la Fiscalía está muy receptiva en recibir las preocupaciones que hemos manifestado para esclarecer esos hechos relativos con el inventario de la SAE y de algunos grupos que a la Fiscalía le interesa hacer seguimiento”, dijo el funcionario.
“Hay discrepancias en los inventarios, incluso en la información que la Supernotariado nos ha entregado y los inventarios que nosotros hemos establecido. (...) Hay bienes que no están en el inventario de la SAE pero sí tienen medidas cautelares en el Sistema de Notariado y Registro y eso es lo que vamos a establecer en las mesas que vamos a tener, y seguiremos reuniéndonos y teniendo avances”, añadió tras la reunión.
Según explicó Liliana Patricia Donado, jefa de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, en su entrevista publicada por el diario El Tiempo: “puede que los datos de otros tableros no coincidan con estas cifras, porque como nosotros en un tablero medimos impactos a las finanzas criminales, no todos los bienes que se afectan con medidas cautelares son entregados a la SAE”.
“Muchas veces el fiscal decide simplemente declarar la medida jurídica, la ley le da la posibilidad al fiscal, de acuerdo con la necesidad, cuándo es necesario quitarle el bien y dárselo a la SAE, o cuándo limitarle el poder de negociación a través de la suspensión del poder dispositivo”, agregó a su explicación.
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