Francisco Barbosa advirtió que la ley de sometimiento dejaría libre a 3.600 presos

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, ha sido crítico del proyecto de ley de sometimiento promovido por el Ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Osuna y del presidente Gustavo Petro.

Barbosa ha manifestado su preocupación por los posibles beneficios que se le otorgarían a los narcotraficantes con esta ley e inclusive, hizo un llamado de atención para que esta ley —que ya fue radicada en el Congreso— pudiese ser modificada en algunos puntos.

El proyecto de ley de sometimiento a la justicia contiene 54 artículos, en este “se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, los cuales han sido cuestionados por algunos sectores políticos del país, ya que es un proyecto que otorgaría impunidad a los delincuentes.

Si bien los grupos delincuenciales que se adhieran a esta ley, no deben tener origen político —contrario a lo que ocurre en el marco de la Paz Total— sí se precisa que este proyecto de justicia tiene como objetivo el desarme y entrega de grupos criminales como el Clan del Golfo o Los Pachenca a cambio de beneficios penales, los cuales serían aprobados por un juez.

Además, desde el Ministerio de Justicia se aseguró que con esta ley no se tocarán las normas vigentes sobre la extradición, además se enfocará en las medidas restaurativas y otorgará permisos a los condenados; solo si cumplen con los acuerdos pactados, que incluyen una etapa de resocialización.

Por parte de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa, en declaraciones para los medios, reiteró su oposición al proyecto, no en su totalidad, pero sí en el grueso del documento. Inclusive ha sostenido reuniones con todos los partidos políticos en el país durante marzo de 2023, y con el propio presidente Gustavo Petro, para llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la ley de sometimiento.

Además, aseguró que una de las medidas más graves es la que contempla la posibilidad de dejar en libertad a un número importante de delincuentes.

“Podrían salir de la cárcel no solo los cabecillas, sino todas las personas que están por debajo y que hubiesen cometido esos delitos, es decir, la preocupación, según la revisión que hemos hecho, es que 3.500 o 3.600 personas, directamente, podrían salir de la cárcel, lo cual es muy grave”.

Otra de las preocupaciones del fiscal se centra en los términos procesales, ya que la entidad no tendría el tiempo suficiente para entregar una sentencia totalmente comprobada.

Sobre este punto, Barbosa aseguró que los tiempos son, “muy cortos. Casi que diríamos que la Fiscalía General de la Nación no va a tener mucho tiempo para corroborar probatoriamente todos los hechos que estén incluidos en las actas individuales y colectivas de sujeción que deben firmar esas organizaciones criminales”.

El proyecto de ley de sometimiento es diferente a la justicia transicional, pero, según el fiscal general, estas diferencias parece que no son claras y se siguen confundiendo. Además, aseguró que los delitos de lesa humanidad no deberían considerar, bajo ninguna circunstancia, algún tipo de beneficio para los criminales.

“Yo si quiero decirle al país que una persona que cometió un genocidio o una masacre, condenada a 40 años y que lleve ocho en la cárcel, con la aprobación de esta ley, o al año siguiente, o al momento en el que se firme el acta puede salir inmediatamente de la cárcel”, advirtió Barbosa.