Inició la última fase de para pedir la preclusión del proceso contra el expresidente Uribe por compra de testigos

El abogado Jaime Granados intentó demostrar la inocencia de su cliente. En ese sentido, sostuvo que no existen pruebas contundentes de que el exmandatario diera las órdenes para presionar a testigos o entregarles de beneficios para que cambiaran su versión

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El 16 de marzo será el turno para hablar de Álvaro Uribe Vélez.(Colprensa-Sergio Acero)
El 16 de marzo será el turno para hablar de Álvaro Uribe Vélez.(Colprensa-Sergio Acero)

El martes 7 de marzo inició la última fase de la audiencia de solicitud de preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda.

En dicha audiencia habló Jaime Granados, abogado de la defensa, quien expuso los argumentos para apoyar la solicitud, presentada por la Procuraduría General de la Nación, de preclusión del proceso.

La diligencia judicial se realizó ante la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Uno de los objetivos del abogado del exsenador y líder del Centro Democrático era desvirtuar las versiones que indicaban que, supuestamente, Diego Cadena, a nombre del exsenador, propuso el pago de coimas o el ofrecimiento de prebendas a testigos como Juan Guillermo Monsalve para que declararan en contra de Cepeda.

Desde que inició la audiencia Jaime Granados intentó demostrar la inocencia de su cliente. En ese sentido, el abogado sostuvo que no existen pruebas contundentes de que Uribe Vélez diera las órdenes para presionar a testigos o entregarles de beneficios para que cambiaran su versión.

Asimismo, sostuvo que la pruebas presentadas durante el proceso del caso “apuntan a que Álvaro Uribe Vélez lo único que hizo fue buscar la forma de corroborar una información que le había llegado sobre la existencia de un grupo de paramilitares que querían retractarse de las acusaciones que habían hecho en diferentes escenarios judiciales contra él y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez”.

Y a renglón seguido Jaime Granados apuntó:

“En el caso que nos ocupa resulta evidente cómo se ha recurrido por parte de los acusadores particulares que fungen como alegadas víctimas al método de estigmatizar al ciudadano investigado, como lo llaman de manera clara, elocuente: el imputado, presentándolo como culpable de los más horrendos crímenes” dijo el abogado del expresidente.

El 16 de marzo será el turno para hablar de Álvaro Uribe Vélez. Con esa audiencia finalizará la etapa de escucha de todos los sujetos procesales y la jueza 41 de conocimiento de Bogotá se preparará para tomar una decisión de fondo sobre este caso, uno de los más mediáticos en contra del expresidente.

Sin embargo, en la diligencia del martes 7 de marzo, Jaime Granados apuntó que las presuntas víctimas como Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez han realizado acusaciones sin sustento en contra del exmandatario.

“Y no satisfechos con ello han introducido en el debate una supuesta magna criminal con el efecto adicional de terminar buscando caricaturizar la figura para la historia de Álvaro Uribe Vélez, se trata, su señoría, de un recurso malévolo de socavar al adversario político durante el proceso”, aseveró Jaime Granados.

Pero el testigo más criticado por Jaime Granados fue Monsalve. Para el abogado del exjefe de Estado, “no existe evidencia que lo vincule con los grupos paramilitares en Antioquia, hecho por el cual, cualquier versión que él ha dado sobre los hechos de los que fue testigo dentro de este grupo armado ilegal deben ponerse en tela de juicio”.

Hay que resaltar que el 24 de febrero la Procuraduría General le pidió a la jueza 41 de conocimiento de Bogotá avalar la petición de la Fiscalía General para archivar la investigación a favor de Álvaro Uribe Vélez. El procurador Esiquio Sánchez aseguró que se cumplen con todos los requisitos para que se emita la preclusión.

En su turno, el funcionario del Ministerio Público manifestó que los testigos y las pruebas documentales demuestran que el “expresidente solamente les pidió a sus abogados que confirmaran una investigación que le había llegado sobre un grupo de personas privadas de la libertad que querían retractarse de los señalamientos que habían hecho en su contra y de su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, de tener vínculos con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia”.