Tras la crisis que se vive en zona rural de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, por cuenta de las protestas de campesinos en la petrolera Emerald Energy y el secuestro de 79 policías, la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (Acisc) desmintió a través de un comunicado que movimientos indígenas de la región estén implicados en los hechos.
A renglón seguido, la Acisc aprovechó para desmentir estar implicada en el secuestro de 79 policías y seis funcionarios de la petrolera quienes, al parecer, estarían retenidos por la Guardia Campesina de la zona.
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Por lo anterior, la Asociación indígena hizo “un llamado urgente al presidente Gustavo Petro Urrego para que acompañe las justas reclamaciones de la movilización social y responda por todas las afectaciones generadas por evadir el diálogo”.
A renglón seguido, la Asic expresó en la misiva que se solidarizaban “con la movilización social y el diálogo efectivo, como derecho fundamental de los colombianos y colombianas para resolver pacíficamente los conflictos”.
La razón de las protestas en San Vicente del Caguán
La emergencia de orden público en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, comenzó desde hace más de 40 días cuando organizaciones campesinas de los departamentos del Guaviare y Caquetá iniciaron una serie de manifestaciones contra la petrolera Esmerald Energy denunciando afectaciones sociales y ambientales por cuenta de la empresa en la región.
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Entre las exigencias de la comunidad a la petrolera estaba la pavimentación de 42 kilómetros de la vía que comunica a la vereda con el casco urbano de San Vicente del Caguán.
En el marco de las protestas contra la petrolera, los campesinos retuvieron durante varios días 53 tractocamiones y tan solo hasta el pasado 1 de marzo permitieron que salieran de la zona. Posteriormente, en la mañana del jueves 2 de marzo, ingresaron a la fuerza a las instalaciones de la empresa china donde se generó un incendio y un enfrentamiento con miembros de la Policía.
En medio de los enfrentamientos un miembro de la Guardia Indígena y un policía, identificado como el subintendente Ricardo Monroy, fallecieron. Además, 79 uniformados fueron retenidos contra su voluntad.
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El ministro Prada así mismo exigió la liberación “inmediata” de los 79 uniformados y seis trabajadores de la petrolera que se encuentran secuestrados por parte de las comunidades campesinas, como “requisito defenitivo para que tengamos la posibilidad de entrar como Gobierno nacional”.
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