
El homicidio de Gerson Corredor Camargo, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema del alcalde de El Zulia, reavivó la controversia por los cuestionamientos del representante Daniel Briceño a la entidad. El presidente del sindicato Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada y de la Unidad Nacional de Protección (Analtraseg), Giovanni Gallo, criticó al congresista y le pidió no responsabilizar a los trabajadores por los escándalos que han rodeado a la institución.
El ataque contra Corredor Camargo ocurrió el sábado 14 de noviembre en el barrio Carora de Cúcuta, Norte de Santander. El funcionario habría permanecido en un billar cercano a la entrada del sector Las Minas cuando hombres armados ingresaron al lugar y le dispararon; el escolta murió en el sitio.
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Las autoridades revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios para establecer quiénes participaron en el crimen y cuál fue el móvil. Por ahora, no se ha determinado si el atentado tenía como objetivo directo al escolta, si estaba relacionado con el esquema de seguridad del alcalde de El Zulia, Elkin Caballero Ramírez, o si obedeció a otra circunstancia.

Giovanni Gallo pidió no equiparar a los escoltas con los casos de corrupción
Tras conocerse el asesinato, Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, rechazó las declaraciones de Briceño, que pidió liquidar la UNP y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por los cuestionamientos registrados durante el gobierno de Gustavo Petro.
En declaraciones a Infobae Colombia, Gallo sostuvo que el representante desconoce el papel de los funcionarios que integran los esquemas de protección y recordó que varios escoltas han muerto durante el cumplimiento de sus labores.
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“La UNP ha puesto vidas, ha puesto sangre de muchos escoltas que han muerto prestando su servicio”, afirmó el dirigente sindical. Añadió que la entidad ha protegido a líderes sociales, sindicalistas, funcionarios y otras personas con riesgo acreditado.
Gallo cuestionó que los señalamientos contra la UNP se extiendan a todos sus empleados. Según manifestó, existen trabajadores que llevan entre 18 y 22 años vinculados al organismo, incluso desde cuando dependía del Ministerio del Interior, y que no pueden ser tratados como responsables de posibles hechos irregulares.

“No puede generalizar al personal que lleva años trabajando en este organismo, como si todos fueran delincuentes o corruptos”, dijo a este medio. Para el presidente de Analtraseg, los eventuales responsables de conductas ilegales deben responder de forma individual y las investigaciones deben centrarse en quienes tomaron decisiones administrativas o políticas dentro de la institución.
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El sindicato cuestionó la propuesta de liquidar la UNP y la DNI
La reacción de Gallo se produjo luego de que Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, planteara el cierre de la UNP y de la DNI. El congresista afirmó que ambas entidades habían sido afectadas por hechos de corrupción, infiltraciones y presuntas operaciones irregulares.
“La Dirección Nacional de Inteligencia infiltrada por alias Calarcá y varios hackers. La UNP llena de exguerrilleros y delincuentes. Ambas deben liquidarse”, expresó Briceño al referirse a investigaciones y denuncias divulgadas sobre las dos dependencias estatales.
El pronunciamiento del representante estuvo ligado, entre otros asuntos, a la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, analista de sistemas que permanecía vinculado a la DNI pese a que tenía una orden judicial por presuntos delitos informáticos.
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De acuerdo con información revelada sobre documentos de empalme en ese organismo, Oyola habría participado en la articulación de colaboradores para vulnerar plataformas estatales e intervenir sistemas informáticos.

La DNI también quedó bajo escrutinio por investigaciones relacionadas con posibles contactos de funcionarios con estructuras armadas, denuncias sobre presuntas actividades de inteligencia irregulares y procesos de control sobre contratos de la entidad.
La UNP acumuló cuestionamientos por el uso de vehículos y esquemas de protección
En el caso de la UNP, Briceño aludió a episodios que involucraron vehículos oficiales, funcionarios y personas relacionadas con grupos armados. Uno de los hechos que generó mayor repercusión ocurrió en Cauca, donde fue detenido Manuel Antonio Castañeda, conocido como el “Narcochofer”, mientras transportaba 168 kilogramos de cocaína en un vehículo asignado a un directivo de la entidad.
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También se conoció que, en julio de 2024, el Ejército Nacional interceptó en Antioquia siete camionetas oficiales que movilizaban a integrantes del Estado Mayor Central. Entre los ocupantes había personas con órdenes de captura, dinero en efectivo y armas, según la información conocida entonces.

Gallo reconoció que los responsables de irregularidades deben ser investigados, pero insistió en que las críticas no pueden dirigirse contra los escoltas. “No le emprenda contra los escoltas, que no son los que dirigen la entidad”, fue el mensaje del líder sindical a Briceño.
El dirigente sostuvo que los trabajadores cumplen labores de protección en territorios donde enfrentan riesgos permanentes. En esa línea, pidió que el asesinato de Corredor Camargo sea esclarecido y recordó que la labor de los escoltas implica resguardar a personas con amenazas por razones políticas, sociales o de seguridad.
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“Le falta un grado de respeto al representante”, afirmó Gallo. El sindicalista también cuestionó que Briceño no promueva discusiones sobre los salarios y beneficios de los congresistas, mientras plantea la liquidación de una entidad cuyos funcionarios, según dijo, reciben ingresos muy inferiores y cumplen tareas de alto riesgo.
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