Expertos alertan al Gobierno sobre el decreto que le permite al presidente Petro regular las tarifas de los precios de los servicios públicos

A mediados de febrero se dio a conocer el decreto con el que el presidente, Gustavo Petro, asumió la responsabilidad de regular los precios de los servicios públicos, que fue firmado por su gabinete. Es importante mencionar que esta labor no la tenía un mandatario nacional desde 1994, año en que la responsabilidad fue dada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Pese a que el documento solo lo faculta durante tres meses, la decisión ha generado revuelo en algunos sectores que lo consideran riesgos y un retroceso. Ante la decisión, políticos y gremios han enviado varios mensajes al presidente. El último fue mediante una misiva que fue firmada por más de 100 expertos, entre los que se encuentran, como lo mencionó El Tiempo: César Gaviria Trujillo, presidente del Partido Liberal, María Mercedes Cuéllar, exmiembro de la junta directiva del Banco de la República y expresidenta de la Asobancaria; Juan Carlos Echeverry y Rudolf Hommes, exministros de Hacienda; María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía, y Rosario Córdoba, expresidenta del Consejo Privado de Competitividad, y 95 personalidades de sectores tanto públicos como privados.

El documento que fue elaborado por el expresidente Gaviria, en la misma línea de lo que ya había dicho, señala que lo importante no es debilitar las instituciones, sino fortalecerlas con recursos y mejor personal para evitar los inconvenientes que se han presentado y aseguran un avance y no un retroceso.

“Este grupo, así como lo manifiesta el documento, reconoce que aún persisten retos que requieren atención inmediata, como son el aumento de cobertura en zonas rurales aisladas; la mejora en la prestación de servicios en la costa Caribe (que obedece a una situación particular y no general); una mayor apertura a nuevos agentes e innovaciones; una mejor focalización de subsidios y el fortalecimiento de las capacidades de regulación y supervisión”, se lee en el documento donde se aclara que el decreto firmado por los ministros es una forma de improvisación.

A guion seguido, los expertos comentan sus preocupaciones, una de esas, el golpe económico que puede representar para las prestadoras de servicio, no solo por el costo de los servicios sino porque la inversión se ve disminuida: “una alta incertidumbre sobre las reglas de juego, afectando de inmediato las inversiones en servicios públicos”, argumentan.

Pero lo anterior, no solo disminuye las entradas económicas, sino que podría ser un golpe considerable para avanzar en el proceso de cobertura, calidad y eficiencia debido a que comienza a caer la credibilidad del funcionamiento: “menores inversiones resultarán en un aumento de riesgo en la confiabilidad energética y nos hará retroceder en cobertura, calidad y eficiencia”, escribieron los firmantes de la misiva que hoy está en manos del mandatario.

Esto va de la mano con lo que hace unos días, dijo el vicepresidente de Crédito de Moody’s Investors Service, Adrián Garza, sobre que el nuevo decreto podría retrasar nuevas inversiones en al interior del país, ya que estas facultades son usados en ambientes de alta inflación, pero así mismo, no tiene una incidencia positiva, pues, pone a los sectores financieros en alerta.

“Si bien las medidas aún no se han divulgado, las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operan en el país”, subrayó el vicepresidente de crédito de Moody’s Investors Service.