Por medio de una carta dirigida a los líderes de las ramas del poder público, un grupo de más de 100 exfuncionarios públicos y ciudadanos firmaron su apoyo al documento técnico: “Documento, análisis y consideraciones del expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, sobre los servicios públicos en el país”.
Estas personas aseguran que los servicios públicos son un patrimonio y un derecho de todos colombianos. “Este grupo quiere manifestar el apoyo a este documento e invitar a las tres ramas del poder público, así como a los medios de comunicación y a la opinión pública a estudiarlo con especial atención”, se lee en la carta.
De igual manera, los exfuncionarios públicos y ciudadanos elevaron la preocupación por las consecuencias que pueden tener las acciones y anuncios por parte del gobierno de Gustavo Petro por asumir las funciones de la comisión de regulación de energía y gas y/o derogar el marco jurídico actual.
Este grupo de personas presentaron que el documento técnico expuso con claridad y profundidad los antecedentes que llevaron a diseñar un marco jurídico, institucional y regulatorio a partir de las Leyes 142 y 143 de 1994. Lo que ha permitido que en estos 30 años Colombia haya pasado del apagón de los años 90s: situación precaria en cobertura y calidad, “a lograr un sistema con confiabilidad energética, una cobertura que paso de 74% a cerca del 98% en electricidad y de 9% a 64% en gas y una calidad adecuada, con excepción de aquellas geografías que no han contado con un prestador de servicios idóneo”.
Entre los líderes de las ramas del poder público se resaltó a: Gustavo Petro Urrego - Presidente de la República; Ministros del gabinete: Roy Barreras- Presidente del Congreso de la República; Congresistas: Diana Fajardo- Presidenta de la Corte Constitucional, Magistrados: Fernando Castillo- Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Enrique Rodríguez-Presidente del Consejo de Estado.
Es por esto que, la carta da un reconocimiento en el que se persisten retos que requieren atención inmediata como: el aumento de cobertura en zonas rurales aisladas; la mejora en la prestación de servicios en la costa caribe (que obedece a una situación particular y no general); una mayor apertura a nuevos agentes e innovaciones; una mejor focalización de subsidios y el fortalecimiento de las capacidades de regulación y supervisión.
“Este grupo de exfuncionarios y ciudadanos interesados tiene el convencimiento que estos desafíos deben y pueden corregirse haciendo los cambios que se requieran dentro del marco jurídico e institucional existente”, finalizó el documento de un grupo de más de cien exfuncionarios públicos y ciudadanos que han tenido el privilegio de servirle al país.
Demandaron decreto donde el presidente asume funciones regulatorias en los servicios públicos
Tras darse a conocer el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023 por parte del Gobierno nacional, en el cual se señala que el presidente Gustavo Petro asume algunas funciones de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios, son varias las voces que han pronunciado su descontento ante esta decisión y han tomado cartas en el asunto.
A partir de esto, Semana dio a conocer la demanda que fue presentada por abogados de la firma DLA Piper Martínez Beltrán, a título personal, la cual fue expuesta a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el que se argumentó vicios de forma y de fondo en la nulidad del decreto.
La denuncia entregada, a través de un escrito de 56 páginas, a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado solicitó una “acción de simple nulidad” contra el decreto 227 del 16 de febrero de 2023.
Los abogados señalaron que en la decisión tomada por el Gobierno no se cumplió con los requisitos de publicidad y socialización previos exigidos en las normas, en lo que destacaron que, la obligación de la entidad es el de publicar el decreto por un término mínimo de 15 días calendario para que la ciudadanía puede formular opiniones, propuestas o sugerencias alternativas al respecto.
“No obstante, tal como se evidencia en el acto demandado y en su respectiva memoria justificativa, este término fue limitado indebidamente de 15 a 2 días calendario”, añadió la denuncia.
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