Desde el 16 de febrero, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0227 de 2023 que facultó al presidente Gustavo Petro para reasumir la regulación de servicios públicos en Colombia, específicamente los del agua, energía y gas. Al respecto, el expresidente César Gaviria publicó un documento con sus consideraciones frente a esa decisión.
“Lo que necesita el país es lo contrario de lo que quiere hacer el Gobierno”, aseveró el líder natural del Partido Liberal en el comunicado de 18 páginas. “En lugar de que el presidente ejerza funciones regulatorias, se deben fortalecer las comisiones, con recursos y los mejores profesionales del país”, precisó el exmandatario.
Para César Gaviria, la decisión del Gobierno nacional pone en riesgo al país de volver “a sufrir los problemas que padecía hace 40 o 50 años”. El exjefe de Estado recordó la situación antes de 1990, cuando “no existía inversión privada en servicios públicos, construcción de carreteras, aeropuertos y puertos”.
Esa situación mejoró tras las reformas de 1990, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente durante su Gobierno. “Se dieron los cambios institucionales que elevaron la calidad de intervención y vigilancia del Estado”, precisó el liberal y señaló a las superintendencias y comisiones de regulación como las responsables de ese logro.
“Los resultados muestran, sin ninguna ambigüedad, una gran mejoría”, puntualizó. Como ejemplo, mencionó los 2.400 kilómetros de dobles calzadas, los puertos que se han modernizado y los aeropuertos que se han ampliado en el país.
En el documento, Gaviria también indicó que la decisión de la actual administración está generando una alta incertidumbre. De seguir así —pronosticó— “será inevitable que los colombianos sufran un deterioro de la cubertura y, sobre todo, de la calidad de los servicios públicos”.
En ese sentido, la decisión de Gustavo Petro se traduciría en “una disminución del bienestar y la calidad de vida de los colombianos”. Asimismo, aseveró que se estaría anunciando el regreso a un “modelo estatista, sin inversión privada” y lo que ahora sucede “está rompiendo las condiciones de estabilidad y predictibilidad” que se lograron durante 30 años.
“Las tarifas no cubrían los costos y, por razones políticas, no se ajustaban (era común que se redujeran para satisfacer promesas populistas)”, explicó el otrora jefe de Estado. También resaltó que la organización empresarial de los servicios públicos era “caótica”, pues la mayoría de las entidades “estaban dominadas por los apetitos políticos”.
Por otro lado, César Gaviria mencionó que el Gobierno nacional propone “derogar las leyes 142 y 143 de 1994 que han mejorado el bienestar de los colombianos”. Aunque el decreto de la administración actual contempló esas leyes tanto para reasumir las funciones de regulación como para lo que no esté señalado en el decreto.
A pesar de eso, el expresidente consideró que es “inconcebible que, después de la experiencia del país con sus servicios públicos, se traten de recrear las condiciones existentes antes de 1991″. Seguido a ello, expuso que se pretende prohibir que “el sector privado, con capital, tecnología y know-how, invierta en los sectores de energía, gas, agua, basuras y comunicaciones”.
El Decreto 0227 de 2023
Con el Decreto 0227 de 2023, Gustavo Petro asumió las funciones de carácter general de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Esas facultades serán por un tiempo limitado de tres meses y los actos administrativos de carácter particular seguirán a cargo de las entidades.
El jefe de Estado explicó anteriormente que fungiría esas funciones para beneficiar a la población civil por los cambios en las tarifas de la luz y el agua en Colombia. “Voy a asumir el control directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice: primero el interés general y el del usuario”, precisó en un evento en Duitama, Boyacá, el 26 de enero.
Esas facultades están respaldadas en el artículo 370 de la Constitución Política de 1991 y también están consignadas en el artículo 68 de la Ley 142, que estableció la delegación de funciones presidenciales a las comisiones: “El presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios”.
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