La delegación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) planteó en la Mesa de Conversaciones que se reconozca su carácter político y rebelde para poder avanzar en una salida negociada del conflicto. Un paso decisivo para la viabilidad jurídica de los acuerdos que se alcancen en ese proceso.
Las delegaciones acordaron durante el segundo ciclo de conversaciones que se adelanta en México, “temas sin los cuales es imposible desarrollar sin claridad y firmeza este proceso de paz”, entre los que se destacó, como primer punto, “la caracterización jurídico legal del ELN como organización política armada rebelde con la que el Gobierno nacional adelanta diálogos de paz”.
Esa caracterización la debe realizar una instancia de Alto Nivel que creó el Gobierno nacional en la prórroga a la ley de orden público consignada en la Ley 2272 de 2022. Esta está conformada por el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que deben estudiar y calificar las diferentes organizaciones armadas.
Esa comisión recomienda al presidente qué camino adoptar para los acercamientos tendientes a la paz con organizaciones criminales, que en la ley se diferencian por “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” y “grupos armados organizados al margen de la ley”. Los primeros pueden acceder al sometimiento a la justicia con beneficios, mientras que los segundos pueden adelantar diálogos de carácter político.
El ELN ya adelanta una mesa de negociación política que se encuentra en segundo ciclo de conversaciones. Sin embargo, para la dirección de la organización insurgente este proceso apenas se reinició, según dijo el máximo comandante Antonio García en una columna de opinión, por lo que se siguen ajustando “todo para avanzar en estas nuevas circunstancias del país”.
Esta solicitud de la delegación del ELN para aclarar su estatus político surge en medio de críticas a la política de Paz Total y el interés por diferenciarse de las demás organizaciones con las que el Gobierno tiene acercamientos, como disidentes de las Farc y de los paramilitares. Además, cuando ya se presentó la ley de sometimiento que establecerá el mecanismo para aquellas estructuras que no tienen reconocimiento político.
El comandante de la guerrilla ya había manifestado la necesidad de esa discusión sobre su carácter rebelde. Señaló supuestos “negocios” de la Paz Total y por eso señaló que el proceso de paz con el ELN “no puede utilizarse como “paraguas” de asuntos no claros”, escribió en su cuenta de Twitter el 6 de febrero.
“El gobierno no se ha puesto a tono con lo acordado en la Mesa. Si el ELN sigue siendo considerado GAO, quiere decir que seguimos en el mismo punto que lo dejó Duque, o sea no despegamos como debería ser”, agregó alias Antonio García. Luego de que el anterior gobierno diera un tratamiento netamente terrorista a esa organización insurgente.
Para el ELN es clave su reconocimiento de origen político, pues lleva a reconocer que el conflicto tuvo unas causas estructurales que se podrán abordar desde la negociación con el fin de superarlas. “La Mesa de Conversaciones obedece a la búsqueda de una Colombia en justicia social, en paz y va mucho más allá del fin del conflicto armado”, señaló García en su reciente columna.
Según García, espera que se logren “nuevos consensos que jamás han sido logrados en los estrechos marcos del parlamento”, por lo que la negociación debe llevar a transformaciones de carácter político y no únicamente al desmantelamiento de las estructuras y su reinserción a la vida civil de sus miembros que busca el sometimiento a la justicia.
El comisionado de paz, Danilo Rueda, señaló en la Comisión de Paz del Congreso de la República que la Mesa de Conversaciones con el ELN es la fase dialógica más conocida de los acercamientos con grupos armados, pero se espera próximamente superar asuntos jurídicos para iniciar un espacio similar con la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, disidencias de las Farc.
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