En la mañana del martes 21 de febrero, la Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión provisional al presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), José Daniel Rojas Medellín, luego del acuerdo surgido en la mesa de trabajo convocada por el ente de control, sobre la compra de acciones de la Triple A.
A través de un boletín, el Viceprocurador General indicó su decisión en los compromisos adquiridos en ese escenario de diálogo, han modificado los fundamentos jurídicos que generaron la suspensión provisional decretada.
Entre las obligaciones que se acordó cumplir, “el traspaso de las acciones objeto del contrato de compraventa por parte de la SAE”.
En principio, el Ministerio Público advierte que la SAE ha cumplido las obligaciones contractuales y, de esta manera, el presidente de esta entidad no podría “continuar incurriendo en la comisión de la conducta investigada, así como tampoco podría reiterarse la conducta”, señaló.
Con esto, el directivo podrá asumir sus funciones sin necesidad de adelantar ningún otro trámite legal, sin perjuicio de la continuación de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra y que relacionan además a: Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
Vale recordar que, con el fin de llegar a un acuerdo para hallar una salida viable al problema de la comercialización de las acciones de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Triple A, de Barranquilla; la Procuraduría General de la Nación programó una mesa de trabajo el 16 de febrero de 2023, en la que estuvieron presentes el alcalde de la capital de Atlántico y miembros de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
Los representantes de cada entidad expusieron sus argumentos para determinar el futuro de las acciones en venta de la empresa Triple A.
Al finalizar esta mesa de diálogo, el representante de la Procuraduría señaló que el propósito de esta cita era evitar un mayor detrimento patrimonial en caso de hacer uso de la cláusula penal que tiene el contrato, que se fijó por 59.000 millones de pesos.
El Distrito de Barranquilla inició el proceso de compra de las acciones de la compañía con el objetivo de evitar una mayor pérdida en el valor de la empresa, y a su vez, recuperar las acciones que se perdieron en administraciones anteriores. Sin embargo, las acciones de esta compañía pasaron a ser propiedad de la SAE temporalmente.
El Estado colombiano confirmó que por condiciones legales, K-yena, empresa que también es propiedad de la Alcaldía de Barranquilla, estableció que la única forma de recuperar las acciones de Triple A era por medio de una operación de compraventa.
El Distrito de la capital de Atlántico asumió el compromiso económico para recuperar estas acciones, pero antes se contrató a una firma que valorara el precio del paquete accionario, cifra que alcanzó los 565.000 millones.
La Procuraduría intervino en este caso luego de que la SAE modificara la junta directiva de Triple A y suspendió al presidente de la entidad, Daniel Rojas. Además, encontró irregularidades en la valorización de la empresa, por lo que el Ministerio Público, intervino, tanto en ese momento como ahora, ya que será veedor de la entrega de las acciones al Distrito de Barranquilla.
Para cumplir con este acuerdo, la empresa de carácter público-privado, K-yena obtendrá un documento vinculante de cualquier entidad pública para asegurar la posibilidad de adquirir las acciones que debe poner a disposición la Sociedad de Activos Especiales. La Procuraduría manifestó que seguirá acompañando este proceso.
“Si las partes consideran que se hace necesario más mesas de negociación, la Procuraduría estará presta a promover estos espacios, reiteró el delegado del Ministerio Público”, mencionó la entidad de control en el comunicado oficial.
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