Las críticas de Néstor Humberto Martínez a la ley de sometimiento

El miércoles 15 de febrero, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y los senadores Ariel Ávila y Alirio Uribe presentaron el texto final del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, denominado por el Gobierno nacional como “de desmantelamiento a las organizaciones criminales”.

Dicho articulado contiene normas ya previstas en otras reglamentaciones, incluyendo aquellas que tienen que ver con los bienes de los integrantes de estructuras criminales de alto impacto que se acojan a esta ley, en caso de ser aprobada, y justamente ese fue el origen de una fuerte queja emitida por el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez.

El antiguo funcionario mencionó, en declaraciones recogidas por Caracol Radio, que es inaceptable que esa iniciativa permita que se “lave” hasta el 6% de los bienes adquiridos por estas estructuras ilegales. De paso, advirtió que la iniciativa liderada por el ministro Osuna modifica lo contemplado en el artículo 120 de a Ley 1708 de 2014, que establece que quien contribuya a la obtención de pruebas sobre la declaratoria de extinción de dominio, podría recibir una retribución de hasta el 5% pero de lo obtenido por el Estado en el remate de esos inmuebles.

Al respecto, aseveró que “esta propuesta ni siquiera tiene límite, con lo cual se podría lavar unas sumas multimillonarias de dinero”, refiriéndose al articulado presentado el miércoles 15 de febrero.

Sobre el porcentaje de bienes, el documento, que actualmente es revisado por el Consejo de Política Criminal, señala que los procesados tendrán que hacer un inventario de bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación directa o indirecta con las actividades criminales. Por el desarrollo de ese evento, se podrá beneficiar de hasta el 6% del valor de bienes entregados y que sean monetizables.

En ese sentido, el juez de conocimiento que aborde el caso reconocerá el beneficio patrimonial dentro de la sentencia colectiva y dependiendo del caso, “declarará el comiso correspondiente”.

Pese a las pocas diferencias que hay entre una reglamentación y otra, para el exfiscal esto significaría “lavar, porque se quedarían con carácter lícito activos provenientes del secuestro, del narcotráfico, de la minería ilegal y del concierto para delinquir, eso es inaceptable”.

Incluso, dijo que ese proyecto de ley por medio del cual “se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” es inconstitucional.

Dicho documento consta de 54 artículos que establecen, en primera instancia, que no habrá jueces ni procedimientos nuevos. En ese sentido, el ministro Osuna expuso que, de aprobarse, será “una oferta que le hace el Estado colombiano a esas estructuras criminales para que terminen con su actuación criminal para que entreguen sus bienes, la información que tienen y reparen a las víctimas”. A cambio, recibirán un tratamiento penal más leve.

En esa línea, el funcionario del Gobierno nacional precisó en la presentación de ese proyecto que “no afecta ni altera las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se ha comprometido con la extradición”, tal y como lo había sugerido el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa —miembro del Consejo de Política Criminal— , luego de un encuentro con el jefe de Estado en la Casa de Nariño.

Incluso, el proyecto que hace parte de la política de ‘paz total’ planteada por la administración del presidente Gustavo Petro, solo aplicará para grupos criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión. Sobre esto, Ariel Ávila explicó que no habrá impunidad sino que se aplicarán medidas sustitutivas “a cambio de verdad, reparación, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras criminales”.