La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, presentó su postura sobre la reforma a la salud anunciada por el gobierno nacional. La agremiación asegura que se está poniendo en riesgo la dispensación de medicamentos a los colombianos, especialmente los que padecen enfermedades crónicas, o aquellas personas que se encuentran en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad. La solicitud va encaminada en que la iniciativa de la ministra Carolina Corcho no vaya en detrimento a los derechos que actualmente tienen los usuarios.
A través de un comunicado, la presidente ejecutiva de Afidro, María Clara Escobar, le hizo un llamado al Gobierno nacional, la reforma atenta contra la autonomía médica para prescribir medicamentos acordes a las necesidades de los pacientes. Considera que se perdería la posibilidad de distribuir fármacos de última generación, que serían mucho más beneficiosos para los pacientes:
En la solicitud le pide al Congreso no vulnerar los derechos fundamentales de los colombianos, enfatizando que la salud es un derecho constitucional, teniendo en cuenta que, la propuesta de Carolina Corcho destruiría los avances en materia de equidad y cobertura que ha alcanzado el sistema en los últimos 30 años.
Detallan que el sistema actual ha permitido que los colombianos, sin importar su condición social, económica, y mucho menos sin discriminar su lugar de residencia, los medicamentos llegan prácticamente a todo el país:
EPS aseguran que su eliminación no garantizará una mejora en el sistema de salud
Además del gremio farmacéutico, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que acoge a las EPS, aseguró que hay varios puntos que no conducen a hechos concretos que garanticen la mejora en la prestación de los servicios de salud. Añaden, que eliminar las Entidades Promotoras de Salud no asegurará una mejora en el sistema.
Consideran que la unificación de los regímenes, que propone la reforma, dejaría libre la responsabilidad de gestionar el riesgo de la salud de los colombianos. Este encargo se pasaría a las secretarías de las entidades territoriales, departamentales y municipales. Consideran que podría reducirse la calidad en la prestación del servicio y habría más costos para los usuarios:
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