
Dos integrantes adscritos a la Policía Nacional de Santa Marta, Magdalena, fueron privados de la libertad debido a que intentaron extorsionar exigiéndoles cinco millones de pesos a tres personas, presuntamente involucradas en una actividad ilícita, a cambio de no ejecutar su captura.
Según le confirmaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar al periódico El Tiempo, el subintendente Meyr Audaz Atencio Merlano y la patrullera Eliana Alejandra Castellanos Benavides retuvieron a tres personas que al parecer habrían hurtado una motobomba.
Posteriormente, los habrían trasladado al CAI Los Almendros, en la capital de Magdalena, y allí les habrían dicho que podrían “obviar el proceso” a cambio del pago de $ 5′000.000.
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Los capturados entonces les dijeron que no contaban con esa suma en ese momento, pero que conseguirían el dinero, por lo que dejaron a los uniformados una motocicleta de su propiedad como prenda de garantía mientras traían el dinero.
No obstante, y según el testimonio de los involucrados, tan pronto abandonaron el CAI fueron a denunciar lo sucedido en otra unidad de policía, desde donde se dio aviso a la Fiscalía General de la Justicia Penal Militar y Policial, encargada de investigar este tipo de hechos, por lo que se procedió a impartir las respectivas órdenes de captura.
Las capturas se hicieron efectivas en el comando de la Policía Metropolitana de Santa Marta en la noche del 11 de febrero. A los uniformados se los sindicó con los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión, ocultamiento y alteración o destrucción de elemento material probatorio.
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Seis policías fueron capturados por extorsionar a civiles con órdenes de captura
Hechos parecidos ocurrieron en Bogotá, donde en un operativo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturados seis policías de esa ciudad, acusados de extorsionar a civiles con falsas órdenes de captura.
Cuatro de los uniformados capturados están adscritos a la estación de Engativá y otro pertenece a la Policía de Chocó.
Los uniformados son señalados de integrar una red criminal dedicada a engañar a civiles, haciéndoles creer que tenían órdenes de captura activas. Para no hacerlas efectivas, los policías pedían altas sumas de dinero.
Los policías capturados fueron identificados como el subteniente Cristian Roberto Soto Álvarez y los patrulleros Juan Pablo Durán Rodríguez, Daniel Andrés Causil Sierra, Carlos Eduardo Quinayas Franco, Edwin Javier Montes Castro y Daniel Leonardo Sánchez Díaz.
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Todos los uniformados deberán responder ante la justicia por el delito de secuestro extorsivo.
Uno de los casos por los que están siendo señalados los policías lo denunció Daniel Fernando Rey Ramirez y Aldemar Téllez García, ambos comerciantes de productos agrícolas.
Según su versión, uniformados llegaron a su lugar de trabajo indicando que tenía una orden de captura en su contra, y que, para no judicializarlos, debían darles entre 10 y 50 millones de pesos.
Otro de los hechos habría ocurrido, de manera similar, en mayo de 2022 en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.
Durante el operativo de captura fueron incautados seis celulares, a cada uno de los uniformados, con los que se pudo obtener evidencia significativa.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Carlos Triana, aseveró que la operación “fue un trabajo de contrainteligencia en el que identificamos los casos de corrupción de los uniformados. Rechazamos de forma categórica actos de corrupción dentro de la Policía”, señaló.
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Ese mismo oficial expresó que desde la entidad se viene trabajando en identificar los casos de corrupción en que policías estén involucrados. “En este proceso se espera que las víctimas aparezcan en las audiencias de exposición de pruebas para conocer más detalles de las extorsiones”, puntualizó.
Finalmente, los capturados y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, la cual mediante audiencia un Juez de la República, decidirá si les impone medida de aseguramiento intramural en centro penitenciario y carcelario por el delito de secuestro extorsivo agravado.
De ser encontrados culpables los seis policías deberán pagar una pena de 26 a 42 años de prisión. Además, recibirán una multa de hasta 6.0000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo estipulado en el código penal.
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