Bienes incautados por el Estado se utilizarían para financiar la reforma agraria y la Paz Total

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo –uno de los proyectos a debatir en las sesiones extraordinarias del Congreso, citadas por el ministro del Interior, Alfonso Prada, a partir del 6 de febrero– el Gobierno Petro incluyó nuevas facultades, que buscan facilitar y promover el uso de activos incautados a la mafia, puestos bajo el cuidado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Mismas que darían vía libre para que, en compañía de la Policía Nacional, se recuperare la administración física de bienes y objetos que ayuden a la puesta en marcha de programas sociales.

El proyecto contemplaría acabar de manera anticipada con los contratos “para, de esta manera, desarrollar proyectos sociales cuyos beneficiarios sean la población objeto de enfoque diferencial”, entre los que, a simple vista, se incluyen beneficiarios de la reforma agraria, a la salud, la Paz Total, organizaciones populares de mujeres y jóvenes estudiantes, entre otros.

A finales del 2022, funcionarios de la SAE denunciaron que más de 4.000 vehículos y 1.500 inmuebles no aparecían o estaban siendo utilizados por actores diferentes al Gobierno. Razón por la que, con el Plan Nacional de Desarrollo se dispondría de todo lo que se encuentre en condiciones de abandono, para donarse, destruirse o utilizarse, según sus condiciones.

Más de 15 billones en objetos estarían en las bodegas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)

Objetos millonarios, que pertenecieron a grandes narcotraficantes y bandas criminales estarían acaparando polvo en las bodegas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero también la atención de políticos y funcionarios.

Artículos de inmenso valor, no solo por el precio que alcanzan en el mercado, sino también por lo que representan en la historia cercana de Colombia, se encuentran guardados en las bodegas de esta polémica entidad “Tenemos partes de las mesas de ‘La Monita Trechera’. Partes de la casa de Justo Pastor Perafán; las sillas y el comedor que estaban en el apartamento del Polo Club (...) Tenemos neveras, congeladores, por desalojos de carnicerías”, relató Óscar Parra, técnico de la SAE, en una entrevista del programa ‘Los Informantes’.

Tal es el costo que, en entrevista para el programa mencionado, Sebastián Caballero, vicepresidente jurídico de la SAE, dio una estimación que, ciertamente, desconcierta: de venderse todo, podría recaudarse más de lo que el Gobierno intenta conseguir con la reforma tributaria, “Cuando nos entregan a nosotros, en el empalme nos hablan de 8 billones, se hicieron unas revisiones posteriores y ya se hablaba de 10, la Fiscalía General habla de más de 15″.

Denuncias por inconsistencias en el inventario de activos de la SAE

Durante los últimos meses del 2022 y lo que va del 2023, se han conocido incontables denuncias del presidente de la sociedad, Daniel Rojas, y otros directivos de la SAE por presuntos actos de corrupción, debido a inconsistencias en el inventario de activos.

En su momento, el presidente, Gustavo Petro, solicitó la instalación de una mesa técnica de alto nivel en la Fiscalía para reconstruir, de manera transparente, el extenso inventario de bienes y objetos que custodia la SAE. Sin embargo, no logró concretarse, generando nuevas diferencias entre el mandatario y el fiscal, Francisco Barbosa: “No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia (sic)”.

En reemplazo, la fiscalía citó a declaración al presidente de la entidad, Daniel Rojas; el vicepresidente jurídico Sebastián Caballero, y otros altos funcionarios, para que, bajo gravedad de juramento, entreguen información frente a los hechos denunciados por el señor Rojas, con relación a presuntos hechos de corrupción, al interior de la entidad.