
El juzgado segundo promiscuo municipal de La Dorada, Caldas, emitió orden de arresto en contra del alcalde del municipio, César Alzate, por incumplimiento de una tutela. El alcalde debía pagar salarios y prestaciones sociales que fueron dejadas de percibir por 35 personas que fueron desvinculadas de su cargo en medio de una reestructuración administrativa emprendida en 2020.
En el 2014 la Alcaldía de La Dorada contrató con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, un estudio de cargas laborales y capacidad financiera para ampliar la planta del personal. De esta manera se suscribe con la Comisión Nacional del Servicio Civil, el acuerdo número 4096 del 14 de septiembre de 2018, donde se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente 49 empleos, con 145 vacantes.
La lista de elegibles para proveer los cargos quedaron en firme en febrero de 2020, un mes después de que el alcalde Alzate entró en ejercicio de actividades, el funcionario no acató la decisión y comenzó un proceso de reestructuración, citando que el municipio se encontraba en déficit fiscal, en el que 66 profesionales fueron retirados de su cargo.
“La orden de desacato fue porque varios accionantes mencionaron a la juez que nos dio una medida provisional mientras que se hacían efectivos los procesos administrativos en segunda instancia, la Alcaldía municipal debía mantenernos laborando, pero ellos hicieron caso omiso a eso, y nos tuvieron desvinculados por más de cinco meses, razón por la cual se cometieron una serie de desacatos de tutela, en donde la juez segunda promiscua de familia confirma que están en desacato porque no nos han pagado los salarios dejados de percibir por sacarnos de nuestros trabajos”, señaló una fuente protegida que hace parte del conjunto de personas que fueron nombradas en 2020.
Para posicionarse, algunas de estas personas presentaron demandas y tutelas ante la Fiscalía General de la Nación, entre las cuales hay un fallo que ordena el nombramiento y pago retroactivo de salario y prestaciones, que no se acogió integralmente por el alcalde Alzate según los accionantes.
En este contexto el juzgado segundo promiscuo municipal de La Dorada emitió la orden de arresto que está vigente y en poder de la Policía Departamental de Caldas y que debe hacerse efectiva en los próximos días.

Desacatos del alcalde de La Dorada
En febrero de 2022 el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada, en cabeza de Luz María Zuluaga González, ordenó tres días de arresto para el alcalde de este municipio, César Arturo Alzate Montes, por incurrir en desacato por incumpliendo de una sentencia de tutela impartida en septiembre del 2021.
En consecuencia también se requirió que el mandatario pagara una multa de tres salarios mínimos mensuales vigentes, dineros que se consignarían dentro de los 10 días siguientes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, en la cuenta de depósitos que para esto efectos tiene establecido el Consejo Superior de la Judicatura.
La juez advirtió que la sanción determinada se debía cumplir por el despacho y aseguró que de ser confirmado el caso, se efectuaría la detención del sancionado en las instalaciones del Comando de la Policía de La Dorada.
Tras conocer la determinación judicial la máxima autoridad gubernativa en el municipio se refirió al caso por medio de un vídeo en sus redes sociales y expresó, “me tocó hacer una restructuración basada en tener un equilibrio económico basado en la ley 617. El año anterior se pasó al 92% de gastos de funcionamiento, casi 12 puntos más de lo que me permite dicha ley, por lo que eso llevó a la restructuración y al retiro de 66 personas que estaban en la administración municipal”.
Agregó que estaba tranquilo con la decisión tomada por el Tribunal de Caldas, pero que no compartía la sentencia y mencionó que esperaba defenderse de los hechos, explicando las verdaderas razones de por qué se tomó la decisión.
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